Estado inicia pagos por motores arruinados pero oculta la cifra total del desembolso

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Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) ha comenzado oficialmente el proceso de compensación económica para los propietarios de vehículos afectados por el uso de carburantes desestabilizados. El anuncio, realizado por el presidente ejecutivo de la estatal, Yussef Akly, confirma que los primeros 2.634 usuarios recibirán transferencias directas en sus cuentas bancarias tras haber superado la fase de registro de daños.

El proceso nace, bajo la lupa de La Mesa de Análisis, en medio de un hermetismo absoluto sobre el presupuesto total destinado para este fin. La estatal petrolera no ha transparentado cuál es el monto global que se dispone para cubrir los reclamos de las 10.874 personas que reportaron fallas mecánicas, lo que genera dudas sobre la sostenibilidad de estos pagos a largo plazo.

El sistema de registro SREC funciona como un filtro digital donde la discrecionalidad parece ser la regla, ya que YPFB no ha publicado una tabla de montos mínimos o máximos de pago. Esto significa que el afectado entrega sus datos y pruebas de daño sin saber si la compensación cubrirá el costo real de los repuestos o si será un pago simbólico insuficiente para reparar un motor fundido.

Desde la otra acera, los transportistas y usuarios particulares critican que la compensación se realice mediante transferencias bancarias directas sin un acta de conformidad previa sobre el monto. El temor en las calles es que el Estado aplique un criterio de "tómelo o déjelo", dejando al ciudadano sin margen de reclamo una vez que el dinero ingresa a su cuenta.

La administración de Akly defiende que el programa "está funcionando muy bien" y que la atención es de 24 horas, pero evita entrar en detalles técnicos sobre qué laboratorios o peritos determinan el nivel de daño mecánico. Esta falta de parámetros técnicos claros alimenta la percepción de que el pago es una medida de presión política para frenar las movilizaciones del sector transporte.

De los más de diez mil reclamos iniciales, apenas el 24% entrará en esta primera fase de desembolsos, dejando a más de 8.000 bolivianos en una lista de espera indefinida. La falta de claridad en las cifras oficiales sugiere que el impacto económico de la gasolina desestabilizada es mucho mayor de lo que el Gobierno está dispuesto a admitir públicamente.

En un escenario de escasez de divisas, el desembolso de millones de bolivianos para reparar autos arruinados por la propia negligencia estatal representa un hueco fiscal inesperado. El país sigue esperando saber cuánta de nuestra plata se irá en pagar errores que nunca debieron ocurrir en las plantas de almacenaje de carburantes.

El Dato de Cierre: Solo 2 de cada 10 afectados cobrarán esta semana, mientras el monto por vehículo sigue siendo un secreto de Estado.