- Portada
- 2026-03-30
-
-
-
Loading
Loading
[Estamos en WhatsApp. Empieza a seguirnos ahora]
El Gobierno nacional activó una reforma administrativa profunda mediante el Decreto Supremo 5595, orientada a desmantelar la estructura de trámites innecesarios que frena la economía y la vida cotidiana del ciudadano boliviano.
La medida central de esta política es la creación del Catálogo Nacional de Trámites, un registro único y obligatorio que funcionará como el filtro definitivo para la legalidad de cualquier proceso administrativo en el país.
Bajo esta nueva regla, cualquier requisito que no esté incorporado explícitamente en dicho catálogo será considerado nulo, eliminando la capacidad de los funcionarios de exigir documentos discrecionales o informales.
Esta disposición busca terminar con décadas de abusos donde el ciudadano quedaba a merced del criterio personal de un burócrata, perdiendo semanas de trabajo por la falta de un sello o un formulario no reglamentado.
El presidente Rodrigo Paz enfatizó que el Estado debe dejar de ser un obstáculo: “Todos hemos sentido esa frustración: la fila interminable, el sello que falta, la fotocopia de la fotocopia”, señaló al presentar la norma.
Otro pilar fundamental de la reforma es la prohibición de solicitar fotocopias de la cédula de identidad o certificados de nacimiento en instituciones públicas, siempre que dicha información ya resida en bases de datos estatales.
Este paso hacia la interoperabilidad institucional permitirá que las entidades se comuniquen entre sí, evitando que el boliviano actúe como un mensajero de su propia información personal frente a las ventanillas del Estado.
El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, advirtió que la ineficiencia actual le cuesta al país el 6% del Producto Interno Bruto (PIB), una cifra que sitúa a Bolivia entre los países más burocratizados de la región.
Para fiscalizar este avance, se habilitará una plataforma de denuncias donde la población podrá reportar cualquier intento de cobro indebido o la exigencia de barreras burocráticas no autorizadas en el catálogo oficial.
La transición hacia este modelo digital será progresiva y contará con un ranking de evaluación semestral para premiar a las entidades que logren simplificar la vida del contribuyente de manera efectiva.
El Dato de Cierre: Según el BID, un trámite promedio en Bolivia puede requerir hasta 11 interacciones con el Estado, mientras que en sistemas digitalizados esta cifra se reduce a una sola gestión digital.
