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- 2026-05-27
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El presidente Rodrigo Paz promulgó de forma inmediata la abrogación de la Ley de Estados de Excepción, devolviendo al Poder Ejecutivo el control absoluto sobre el uso de la fuerza legal en un escenario de máxima convulsión social.
La firma del decreto presidencial sepulta de manera definitiva la norma de 2020 que limitaba la capacidad operativa de las fuerzas del orden, dejando la vía libre para la aplicación de medidas extremas de contención inmediata.
La Ley 1732 fue previamente sancionada por ambas cámaras de la Asamblea Legislativa Plurinacional, incluyendo la Cámara de Diputados y el Senado, con lo que concluyó el proceso legislativo y se deja sin efecto la regulación anterior que limitaba la capacidad del Ejecutivo de aplicar medidas de emergencia ante conflictos o situaciones críticas.
⚠️Cinco ciudades cercadas por bloqueos nacionales intransitables.
⚠️Paro indefinido del transporte público paraliza la ciudad de La Paz.
⚠️Abrogación exprés de la Ley 1341 devuelve el control de la fuerza a Paz.
⚠️Gobierno queda facultado para dictar estado de excepción de forma inmediata.
Las protestas sociales cumplen hoy 26 días consecutivos de asedio asfixiante, manteniendo cercadas a de cinco de las principales ciudades del país mediante bloqueos de carreteras intransitables. La medida de presión, impulsada con rigidez por la Central Obrera Boliviana y sectores campesinos, exige de forma intransigente la renuncia inmediata del jefe de Estado en las calles.
La Paz amaneció este miércoles en una situación de parálisis crítica debido al inicio de un paro indefinido del transporte público que ha dejado los accesos y avenidas completamente desiertos. La población paceña se ve obligada a movilizarse a pie ante el repliegue total del servicio, sumándose al estrangulamiento económico provocado por el cerco a los centros urbanos.
El desabastecimiento general comienza a golpear con dureza los mercados populares, provocando una escalada violenta en los precios de la canasta básica familiar y filas interminables de ciudadanos desesperados. La falta de transitabilidad bloquea la llegada de alimentos esenciales y el normal flujo de carburantes, amenazando la supervivencia diaria de la población urbana.
La Asamblea Legislativa operó con una velocidad inusual al sancionar la norma por más de dos tercios en una sesión virtual que evidenció una tregua política forzada por la inminencia del colapso nacional. La ley abrogada, impulsada originalmente en 2020 durante la gestión legislativa de Eva Copa, ataba de pies y manos al Gobierno según denunciaron los proyectistas de la alianza Unidad.
El nuevo escenario jurídico le otorga al mandatario la facultad constitucional de declarar el estado de excepción en las zonas más conflictivas del territorio boliviano de manera unilateral. Esta herramienta legal faculta la movilización de las fuerzas de seguridad del Estado para intervenir de forma directa los puntos de bloqueo y restablecer el orden público quebrado.
El Dato de Cierre señala que la puesta en vigencia de la nueva norma habilita el uso inmediato de la fuerza legalizada, dejando al Palacio de Gobierno a un solo decreto de militarizar los puntos de bloqueo que estrangulan al país.
