Setenta puntos de bloqueo cercan el país mientras Paz evalúa usar la fuerza legal

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La Administradora Boliviana de Carreteras oficializó el reporte técnico de 70 puntos de bloqueo activos en los principales ejes viales del territorio nacional, consolidando un estrangulamiento geográfico que mantiene a la ciudadanía en una condición de virtual prisionera dentro de los centros urbanos. El incremento descontrolado de las rutas cerradas coincide de manera milimétrica con el momento político en que el presidente Rodrigo Paz, tras la reciente anulación de la norma restrictiva de 2020, recupera la potestad constitucional absoluta para decretar el estado de excepción. Ante este escenario de asfixia, diversos sectores productivos y colectivos civiles exigen la aplicación inmediata de esta medida de fuerza legalizada para restituir la libertad de tránsito y el orden quebrado.

El aparato productivo nacional se encuentra completamente paralizado y las pérdidas en el sector de las exportaciones alcanzan cifras millonarias, provocando un daño irreversible a la estabilidad de las industrias medianas y grandes que ya reportan suspensión de operaciones por falta de insumos básicos. Las principales carreteras de La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí y Santa Cruz permanecen cortadas por promontorios de tierra, escombros y cercos humanos que impiden de forma intransigente el paso de vehículos de carga pesada. La imposibilidad de circulación ha quebrado de forma definitiva la cadena de suministros, aislando a las regiones agrícolas de los mercados de consumo masivo.

Las ciudades principales sufren los efectos devastadores de un desabastecimiento crónico de alimentos de primera necesidad, desatando una escalada violenta e incontrolable en los precios de la canasta básica familiar que golpea con dureza los bolsillos de la población. La escasez extrema no solo afecta el abastecimiento nutricional de los hogares, sino que ha provocado una situación de emergencia sanitaria debido a la falta absoluta de medicamentos esenciales y oxígeno médico en las redes hospitalarias públicas y privadas. Los comités cívicos y empresariales advierten que el nivel de tolerancia civil ha llegado a su límite histórico ante la inacción de las fuerzas del orden.

⚠️Setenta puntos de bloqueo activos estrangulan las principales carreteras del país.
⚠️Paro indefinido del transporte público paraliza por completo La Paz y El Alto. ⚠️Desabastecimiento extremo de alimentos, medicamentos y carburantes 
⚠️Sectores civiles y productivos exigen dictar el estado de excepción de forma inmediata.

La Paz y El Alto colapsaron por completo desde las primeras horas de este miércoles tras la activación de un paro indefinido decretado por la Federación Departamental de Choferes Primero de Mayo, medida que replegó miles de herramientas de trabajo de las calles. Los conductores sindicalizados instalaron tramos de bloqueo y barricadas en puntos estratégicos y nudos viales metropolitanos, interrumpiendo el flujo vehicular e impidiendo el paso de motorizados particulares. Las terminales terrestres suspendieron todas sus salidas y las estaciones del sistema de teleféricos registraron colas kilométricas de ciudadanos desesperados que intentaban movilizarse a pie hacia sus fuentes laborales.

La dirigencia del transporte argumentó que la drástica medida de presión responde de forma exclusiva a la dramática escasez y desaparición de carburantes en las estaciones de servicio, situación que les impide trabajar y generar ingresos diarios para su subsistencia. Los choferesaron que los bloqueos viales de los sectores campesinos radicales y la Central Obrera Boliviana han estrangulado las rutas de importación y distribución de los combustibles, haciendo imposible el abastecimiento regular. A esto se suma el reclamo generalizado por el incumplimiento de acuerdos económicos de compensación técnica que debían ser efectivizados por la estatal YPFB.

El cerco radical sobre la sede de gobierno se ha duplicado en peligrosidad, combinando el asedio externo de los comunarios de la Federación Túpac Katari con la parálisis interna ejecutada por los sindicatos del autotransporte local. La población civil quedó atrapada en medio de dos fuegos cruzados de demandas sectoriales, sintiendo el rigor de una crisis que ya cumple 27 días de movilizaciones ininterrumpidas destinadas a forzar la renuncia del mandatario. La exigencia de la calle ha girado con fuerza hacia el Palacio Quemado, donde se demanda una muestra de autoridad inmediata mediante el uso de la fuerza legítima del Estado.

La opinión pública y múltiples sectores de la sociedad civil organizada claman por el restablecimiento inmediato del libre tránsito, argumentando que los derechos constitucionales a la vida, el trabajo y la alimentación están siendo vulnerados por grupos radicalizados. Las demandas ciudadanas se unifican bajo la premisa de que el presidente Paz debe aplicar de manera urgente la ley de excepción para intervenir los puntos estratégicos de bloqueo y liberar las carreteras troncales. Gremios de comerciantes y juntas vecinales advierten que la inacción gubernamental está empujando a los ciudadanos a organizarse para desbloquear las rutas por cuenta propia, arriesgando enfrentamientos civiles de magnitud.

La Asamblea Legislativa Plurinacional allanó el camino legal del Órgano Ejecutivo al consumar la abrogación exprés de la antigua Ley 1341, devolviendo de esta manera las atribuciones de control y militarización preventiva al primer mandatario sin necesidad de autorizaciones previas del Parlamento. Esta decisión del legislativo, lograda por más de dos tercios de votación en una inusual sesión virtual, otorgó al Palacio de Gobierno el arma jurídica que tanto reclamaban los sectores opuestos a los bloqueos de carreteras. La norma abrogada, que databa de la gestión transitoria de 2020, era calificada por el oficialismo como un candado político que desarmaba al Estado frente al vandalismo.

El dilema gubernamental radica ahora en el costo político y social de activar las fuerzas combinadas de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas en los setenta puntos críticos identificados por los mapas de transitabilidad vial. Los asesores del palacio presidencial evalúan detalladamente los alcances geográficos del decreto de excepción antes de estampar la firma final, conscientes de que una intervención errónea podría exacerbar los ánimos de las bases campesinas de la COB. Sin embargo, la presión económica de las pérdidas industriales y el desabastecimiento total de carburantes reducen drásticamente el margen de maniobra del jefe de Estado hora tras hora.

El Dato de Cierre confirma que la consolidación de los 70 bloqueos viales y el paro indefinido del transporte sitúan al presidente Rodrigo Paz frente a la decisión definitiva de su mandato, quedando a la firma de un solo decreto presidencial para militarizar las carreteras troncales y declarar el estado de excepción en todo el territorio nacional.