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- 2026-07-29
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La Fiscalía General del Estado ha dado luz verde a una investigación penal que sacude los cimientos de la seguridad pública al admitir una denuncia formal contra el comandante general de la Policía, Mirko Sokol, por la presunta comisión de seis graves delitos.
La ofensiva legal, interpuesta por el vicepresidente del Estado, Edmand Lara, expone una presunta estructura de descomposición interna que opera en los niveles más elevados de la institución del orden.
Este episodio confirma que las altas esferas policiales funcionan bajo lógicas de mercado negro donde los cargos de mando se cotizan al mejor postor, dejando al ciudadano común completamente desprotegido frente a la delincuencia.
La investigación formal alcanza cargos por uso indebido de influencias, cohecho pasivo, omisión de denuncia, encubrimiento, apología pública de un delito y enriquecimiento ilícito, según detalla el informe oficial del Ministerio Público.
🚨 2 millones de dólares reunidos en una presunta "vaquita" para asegurar el relevo en la cúpula institucional.
💰 4 a 5 millones de dólares que un general podría manejar en una sola gestión solo mediante el tráfico de destinos.
⚖️ 6 delitos penales imputados directamente al máximo representante de la Policía Boliviana.
📄 1 denuncia formal impulsada desde la Vicepresidencia exigiendo una investigación sin encubrimientos.
El escándalo estalló públicamente tras la filtración de una serie de audios donde se revelan millonarias transacciones económicas destinadas a influir en las decisiones de nombramiento dentro de la cúpula de mando.
En las grabaciones difundidas se evidencia cómo mandos intermedios y superiores habrían aportado sumas exorbitantes para financiar la llegada de afines a la máxima jefatura policial, mercantilizando los destinos.
Los sectores institucionales intentan minimizar el impacto de la denuncia calificándola de una pugna política coyuntural, buscando desviar la atención del fondo del problema que corroe el verde olivo.
La ciudadanía asiste atónita a un nuevo capítulo donde las instituciones llamadas a precautelar el orden terminan envueltas en disputas de carácter mercantil y financiero por el control del presupuesto y el poder interno.
El Dato de Cierre en negrita: El costo real de esta presunta red de corrupción no se mide solo en los millones de dólares movilizados, sino en la pérdida absoluta de confianza de la sociedad en quienes deben garantizar su seguridad.
