Exfiscal Mariaca financió los 53 días bloqueos

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El Gobierno nacional formalizó graves acusaciones en contra del exfiscal general Roger Mariaca, señalándolo por participar activamente y financiar la movilización social que paralizó las carreteras del país durante 53 días. La información fue confirmada por el ministro de Trabajo, Williams Bascopé, quien vinculó el accionar de la exautoridad judicial con un plan articulado para romper la institucionalidad y generar desestabilización.

De acuerdo con el reporte oficial, las sospechas se sostienen en la designación de personeros del Ministerio Público durante los acercamientos de diálogo solicitados por la Central Obrera Boliviana. En dicho periodo, la representación recayó en Martín Irusta, exfuncionario judicial que hoy cumple prisión preventiva al estar procesado por formar parte de una estructura protectora del narcotráfico.

Las investigaciones de las autoridades identificaron que los fondos económicos utilizados para sostener la logística de las protestas no provenían de manera exclusiva de las bases en el Chapare. Existía una red de financiamiento paralelo montada dentro de las propias dependencias del Ministerio Público para garantizar la continuidad del cerco vial en el territorio nacional.

📌 CONOCE LAS CLAVES Y CAUSAS DEL HECHO:

⚠️ EL HECHO: El Ministerio de Trabajo señala al exfiscal general Roger Mariaca por presuntamente financiar y respaldar desde la estructura pública los 53 días de paralización en el país.

⚖️ LA CLAVE: El delegado asignado por la Fiscalía para los diálogos, Martín Irusta, se encuentra actualmente detenido por presuntos nexos con la protección al narcotráfico.

💣 EL TRASFONDO: Revelan que el ascenso de la exautoridad se gestionó mediante apadrinamiento político del masismo y sectores afines para manipular la administración de justicia.

📉 EL IMPACTO: La paralización sostenida por intereses políticos derivó en pérdidas económicas millonarias y desabastecimiento directo en los hogares bolivianos.

El perfilamiento de las exautoridades del Ministerio Público demuestra que la designación de Mariaca se dio al margen de antecedentes académicos o méritos dentro de la carrera judicial. Su designación respondió a compromisos políticos gestados por organizaciones afines al masismo, entre ellas la federación de mujeres Bartolina Sisa.

El instrumentalismo ejercido sobre el sistema judicial permitió la colocación de perfiles sin trayectoria formal con el objetivo de usarlos operativamente y garantizar impunidad a grupos irregulares a cambio de protección política.

Las acusaciones internacionales formuladas previamente contra el entorno de la fiscalía coinciden con la línea de investigación sobre el uso del poder judicial para facilitar redes delictivas e interferir en el libre tránsito.

La vinculación de fondos públicos y del crimen organizado en protestas sociales evidencia la manipulación del aparato judicial para estrangular la economía boliviana.