Bolivia es centro de las operaciones de cárteles transnacionales

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La representación de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) confirmó que el país se convirtió en el centro de operaciones estratégico para los principales carteles de la región. La vocera del organismo internacional, Mónica Mendoza, desmanteló la postura oficial que reducía la problemática nacional a una simple ruta de tránsito.

La evaluación de las Naciones Unidas señala que redes como el Cártel Jalisco Nueva Generación de México, el Primer Comando de la Capital y el Comando Vermelho de Brasil operan en el territorio junto a estructuras locales. Esta articulación consolidó un conglomerado delictivo que conecta el tráfico de sustancias controladas con la minería ilegal, el contrabando y la trata de personas.

La escalada de asesinatos por encargo en regiones fronterizas es el resultado de enfrentamientos directos entre organizaciones que disputan el control de los corredores de exportación. Ante el incremento de la violencia, el Gobierno nacional procedió al despliegue de efectivos de las Fuerzas Armadas para reforzar la seguridad en los puntos críticos.

📌 RADIOGRAFÍA CUANTITATIVA DEL REPORTE UNODC:

⚠️ 36.400 hectáreas de hoja de coca registradas en la última medición del organismo internacional.

⚖️ 3er productor mundial posiciona al país únicamente por detrás de Colombia y Perú.

💣 4 organizaciones transnacionales mantienen mandos delictivos recluidos en cárceles nacionales.

📉 2026 año en que la ONU exige la implementación de normas de extinción de dominio.

La vocera de la Unodc alertó sobre la infiltración de estas estructuras en los organismos de administración de justicia para bloquear procesos penales y proteger sus operaciones. Esta situación se evidencia tras la destitución y detención del exfiscal general Roger Mariaca, así como en el caso del uruguayo Sebastián Marset, hechos que marcaron el colapso definitivo de la narcopaz en la región.

El organismo internacional solicitó la aprobación urgente de leyes contra el lavado de dinero y mecanismos de extinción de dominio para confiscar los bienes de la delincuencia organizada. La recuperación de la soberanía institucional depende de neutralizar la capacidad financiera que sostiene la corrupción en el aparato estatal.

La neutralización del crimen transnacional exige la desarticulación inmediata de sus redes financieras para detener el colapso de la seguridad interna.