Paz promulga crédito de 200 millones para pagar bonos sociales

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El presidente constitucional Rodrigo Paz Pereira promulgó la Ley N° 1778 que aprueba el Convenio de Préstamo 9927BO suscrito con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento del Banco Mundial por un monto de 200 millones de dólares. Según el reporte oficial de la Presidencia del Estado, la totalidad de las divisas obtenidas mediante este endeudamiento multilateral estará orientada a financiar transferencias monetarias directas y programas de asistencia social.

El instrumento legal estipula que la administración de los recursos del crédito recaerá sobre el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, instancia que deberá rendir cuentas de forma semestral, tanto de manera oral como escrita, ante la Asamblea Legislativa Plurinacional. El reporte técnico presentado por el Viceministerio de Tesoro y Crédito Público establece que la mayor parte del capital se inyectará a los esquemas de subsidios estatales vigentes.

El alcance del financiamiento incluye el respaldo económico para los beneficiarios del Bono PEPE I, el Bono Juana Azurduy, la Renta Dignidad destinada a personas mayores no rentistas, el Bono Anual de Indigencia para discapacidad visual y las asignaciones familiares para tutores de estudiantes del sistema educativo público y de convenio.

📌 ESTRUCTURA FINANCIERA DEL CRÉDITO MULTILATERAL:

⚠️ $us 200 millones en total contratados bajo el Convenio 9927BO con el BIRF.

⚖️ Ley N° 1778 promulgada como marco legal para la ejecución del préstamo.

💣 23 años de plazo global con 14 años de gracia y 4 años de desembolso.

📉 $us 192 millones asignados a transferencias directas y$us 8 millones al sistema de registro.

El informe defensorial e institucional adjunto a la norma señala que entre enero y octubre de 2026 el Estado desembolsó 1.668,5 millones de bolivianos para cubrir más de 2,2 millones de pagos del Bono PEPE. La meta gubernamental busca consolidar la llegada de los recursos al total de la población habilitada dentro de los registros estatales.

El componente complementario de la ley contempla destinar los 8 millones de dólares restantes a la construcción de un registro integrado de beneficiarios interconectado. La herramienta técnica centralizará la información socioeconómica de las familias para canalizar la ayuda estatal de forma coordinada entre los distintos niveles de gobierno.

La Asamblea Legislativa Plurinacional recibirá informes semestrales obligatorios para fiscalizar la ejecución documental de los fondos del Banco Mundial.