TSJ pide salida a magistrados salpicados por Washington

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El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia, Romer Saucedo, solicitó formalmente la dimisión del presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, Aldo Ismael Quezada Cerruti, y del vocal ordinario Julio Nelson Alba Flores, tras confirmarse su inclusión en la nómina de ciudadanos sancionados por el Departamento de Estado de Estados Unidos bajo cargos de corrupción y presuntos nexos con sustancias controladas.

La máxima autoridad del Poder Judicial manifestó que la revocación de visados dictada por la diplomacia norteamericana retira la credibilidad requerida para el ejercicio de la función pública en el foro cruceño. Saucedo exhortó a los vocales a declinar sus cargos y someterse a las indagaciones correspondientes sin escudarse en la jerarquía del fuero judicial.

El pronunciamiento oficial instruyó a la Sala Plena del Tribunal Departamental de Santa Cruz abordar en sesión extraordinaria la recomposición de la directiva regional. El anuncio institucional busca frenar el desgaste sobre el sistema de administración de justicia tras la difusión de la nómina que abarca a 15 ciudadanos, entre exautoridades policiales, fiscales y legisladores.

📌 REGISTRO TÉCNICO DE LA RESOLUCIÓN JUDICIAL:

⚠️ 2 vocales del Tribunal de Justicia de Santa Cruz con pedido de renuncia explícito.

⚖️ 15 personas identificadas por el reporte diplomático de Estados Unidos.

💣 1 conminatoria a Sala Plena para definir el recambio de la mesa directiva.

📉 40 ciudadanos alcanzados por las medidas de restricción de visado desde septiembre.

La decisión adoptada desde la cabeza del TSJ evidencia la gravedad de los señalamientos de inteligencia exterior sobre los juzgados del país. La quita de respaldo administrativo deja sin cobertura legal a las autoridades regionales ante posibles aperturas de causa en la vía penal ordinaria.

El pedido de renovación en el tribunal cruceño se da en un contexto de escrutinio público sobre el manejo de procesos vinculados al crimen organizado. La resolución de la Sala Plena departamental determinará el alcance de la reestructuración y la designación de nuevos mandos en la administración de justicia.

La posición fijada por la presidencia del TSJ acelera el juzgamiento de las autoridades salpicadas y fuerza un recambio en la conducción del Órgano Judicial en Santa Cruz.