EE.UU. declara no bienvenidos a funcionarios por sustancias controladas

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El Departamento de Estado de Estados Unidos notificó formalmente que un grupo de ciudadanos y exfuncionarios estatales bolivianos no son bienvenidos en su territorio por señalamientos directos de corrupción y nexos con el tráfico de sustancias controladas. La confirmación fue emitida por el vocero de la Presidencia, José Luis Gálvez, quien reconoció que las pesquisas internacionales coinciden con los procesos internos que ejecuta el Estado.

El pronunciamiento internacional salpica de forma directa a exautoridades nombradas durante la presente gestión de gobierno. Entre los destituidos figuran el expresidente de la Aduana Nacional, Alberto Samuel Soto de la Vía, y el coronel Frans William Cabrera Quispe, exinspector de la Policía Boliviana que había sido posesionado semanas antes en el Alto Mando.

A esta nómina se suman Diego Alejandro Barboza Zeballo, exdirector de la Unidad de Investigaciones Financieras, y Óscar Mauricio Ortiz Cuéllar, exdirector del Segip en Santa Cruz. La administración gubernamental argumenta que estas exautoridades fueron separadas de sus cargos de manera previa a la difusión oficial de las listas emitidas por el gobierno estadounidense.

📌 FICHAS TÉCNICAS DEL SEÑALAMIENTO INTERNACIONAL:

⚠️ 2 listas oficiales emitidas por el Departamento de Estado de EE. UU. con nombres de exautoridades.

⚖️ 4 exaltos cargos cesados en Aduana, Policía, UIF y Segip por presuntos ilícitos.

💣 100% de coincidencia admitida por el Ejecutivo entre las investigaciones locales y las sanciones externas.

📉 0 privilegios o inmunidad diplomática garantizada para los involucrados según el vocero oficial.

Desde la vocería de la Presidencia se enfatizó que la posición oficial del Estado es de cero tolerancia frente a cualquier funcionario vinculado con estructuras criminales o delitos de corrupción. Las autoridades aseguraron que no existirán fueros ni consideraciones políticas para los implicados, garantizando que cada elemento será remitido ante los tribunales correspondientes.

Asimismo, la representación gubernamental ratificó que se solicitará información complementaria a los canales diplomáticos norteamericanos para fundamentar los expedientes ordinarios. El Ejecutivo sostuvo que las destituciones aplicadas responden a la necesidad de sanear las instituciones públicas y someter a todos los investigados al debido proceso.

La separación de los cargos ejecutivos busca frenar el impacto institucional tras la revocación de visados y los señalamientos por delitos transnacionales.