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- 2026-10-23
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El Gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira garantizó que no brindará protección a los 15 ciudadanos bolivianos sancionados por el Departamento de Estado de Estados Unidos, según confirmó el vocero presidencial, José Luis Gálvez, tras la revocación masiva de visados por nexos con la corrupción y redes ilícitas.
La administración pública ratificó que la justicia no encubrirá a ningún exfuncionario implicado en esquemas delictivos. Aunque las investigaciones internas coinciden con varios nombres de la lista emitida por Washington, el Ejecutivo remarcó que las sanciones penales responderán exclusivamente a la soberanía judicial boliviana.
El portavoz oficial enfatizó que las estructuras criminales infiltradas en gestiones pasadas están en proceso de remoción. La premisa gubernamental busca evitar que los cargos legislativos, judiciales o policiales sirvan como escudo de impunidad frente a las denuncias internacionales.
📌 PUNTOS DE QUIEBRE DE LA PURGA ESTATAL:
⚠️ 15 ciudadanos bolivianos entre diputados, fiscales y policías sufrieron la restricción de visados por Washington.
⚖️ 4 principios fijados por la vocería: el cargo, la influencia, el uniforme y el blindaje no darán inmunidad legal.
💣 100% de los funcionarios activos mencionados en la nómina internacional fueron cesados de sus puestos públicos.
📉 0 tolerancia a la instalación de oficinas de redes ilícitas en dependencias del aparato estatal.
La postura de Palacio de Gobierno establece que la depuración del poder público se ejecutará mediante investigaciones locales sin aceptar imposiciones externas. Cada autoridad o exautoridad mencionada en el informe norteamericano deberá comparecer ante los tribunales si existen elementos de convicción.
A diferencia del impacto diplomático que implica la cancelación de documentos de viaje, las autoridades priorizan desmantelar los núcleos criminales que ocuparon instituciones destinadas a la defensa de la sociedad.
El seguimiento a los imputados continuará de forma permanente mientras la Cancillería y el Ministerio de Justicia aguardan la documentación complementaria que remitirá la administración estadounidense.
El Estado boliviano procesará y sancionará a los responsables respetando el debido proceso y la aplicación estricta de las leyes nacionales.
