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- 2026-10-27
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La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) solicitó formalmente al Ministerio Público que precise y señale los domicilios reales de los exmandatarios Evo Morales y Álvaro García Linera, con la finalidad de proceder a la notificación de la proposición acusatoria presentada en su contra dentro del juicio de responsabilidades por las ejecuciones del caso Hotel Las Américas, según informó la agencia estatal ABI.
La determinación judicial, dada a conocer por el presidente de la Sala Penal del TSJ, Carlos Ortega, establece que la solicitud busca dar cumplimiento a las garantías del debido proceso y la defensa personal en la etapa preliminar de la investigación. Sin embargo, la medida deja al descubierto una evidente maniobra de dilación en el avance de la causa.
⚠️ TRAMITACIÓN PROCESAL: La Ley 044 de Juicio de Responsabilidades establece un periodo de 30 días hábiles para el control de admisibilidad en causas seguidas a altas autoridades del Estado.
La resolución de la máxima instancia penal evita fijar un plazo perentorio o de cumplimiento obligatorio para que la Fiscalía informe la ubicación de ambas exautoridades. Esta omisión de tiempos procesales permite que el requerimiento se extienda de forma indefinida, frenando la apertura formal de la investigación sobre los hechos ocurridos en 2009.
El fallo de la Sala Penal dispone que las notificaciones personales se realizarán una vez que el Ministerio Público consigne los domicilios actualizados en la ciudad de La Paz y el Trópico de Cochabamba. La exigencia administrativa frena de manera efectiva el tratamiento del expediente remitido para el juzgamiento de la cadena de mando.
⚖️ FONDOS DE INVESTIGACIÓN: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictaminó la reparación integral a favor de 5 víctimas directas tras verificar violaciones sistemáticas a las garantías judiciales.
El representante del tribunal remarcó que la proposición acusatoria no fue devuelta ni rechazada, manteniendo la causa en un estado de espera indefinido que supedita la acción judicial a la celeridad que decida imprimirle la Fiscalía General del Estado.
La argumentación sobre el desconocimiento de las residencias de los acusados contrasta con la habitual celeridad ejercida contra ciudadanos particulares en estrados judiciales. Mientras a la población común se le aplican plazos estrictos y mandamientos de comparecencia, la justicia aduce ignorar la ubicación de figuras de relevancia pública nacional.
💣 GASTOS ADMINISTRATIVOS: Las partidas presupuestarias del Estado destinadas al patrocinio legal y defensa internacional en el caso Hotel Las Américas superaron los 2,8 millones de dólares desde 2012.
El trámite requerido ante la Fiscalía atribuye a la dirección de la investigación la responsabilidad exclusiva de ubicar los inmuebles de Morales y García Linera, liberando al órgano judicial de responsabilidades de plazos en tanto no se complete la información del padrón procesal.
📉 INDEMNIZACIONES ESTATALES: El informe de fondo de la CIDH fijó una partida de compensación económica que compromete recursos del Tesoro General de la Nación por encima de los 1,5 millones de dólares.
El control jurisdiccional anunciado por el TSJ quedará supeditado a la recepción de los informes domiciliarios, congelando el inicio formal de las audiencias preliminares para el examen de la proposición acusatoria.
El uso de formalismos sin plazos fijos demuestra que la justicia apela a la burocracia para postergar indefinidamente el juzgamiento de las violaciones a los derechos humanos del caso Hotel Las Américas.
