Alcaldes imponen ultimátum al Gobierno por dinero retenido y obras paralizadas

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Los alcaldes de las ciudades capitales de Bolivia y El Alto determinaron este lunes emplazar al Gobierno nacional a emitir, hasta el viernes 13 de noviembre, un decreto supremo de actualización de precios que garantice la continuidad de las obras públicas y servicios municipales, tras concluir una reunión de emergencia de la Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB). La vicepresidenta de la AMB y alcaldesa de Sucre, Fátima Tardío, confirmó la decisión enfatizando que "este 13 de noviembre nosotros estaremos esperando la emisión de este decreto supremo que permita la continuidad de servicios".

La postura unánime del municipalismo boliviano responde a la severa crisis de liquidez que atraviesan los gobiernos locales, exacerbada por la disparada en los costos de los insumos de construcción y las cargas financieras impuestas por el nivel central. Durante el encuentro, los alcaldes denunciaron la asfixia presupuestaria sistemática provocada por la retención del 12% de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) correspondiente a la gestión 2025, exigiendo su inmediata devolución y la suspensión definitiva de estos descuentos para el presupuesto 2027.

Esta embestida municipal no se limita al ajuste técnico de los contratos de obra pública, sino que cuestiona el modelo de distribución de la riqueza estatal a través de la denominada Agenda 50/50. En un marco de creciente tensión fiscal, las autoridades locales exigen ingresar al debate de alto nivel para reconstruir el pacto fiscal, señalando que el Gobierno nacional ha traspasado competencias como el pago del bono a la discapacidad (Ley 977), la atención del Sistema Único de Salud (SUS) y gastos de seguridad ciudadana sin transferir los recursos económicos necesarios.

PELIGRO EN LOS BARRIOS Y EXIGENCIA MUNICIPAL

⚠️ Ultimátum fijado hasta el 13 de noviembre para la firma del decreto de actualización de precios

⚖️ Exigen la devolución de la retención del 12% del IDH efectuada durante la gestión 2025

💣 Demandan que el TGN asuma el pago total del bono para personas con discapacidad

📉 Advierten frenazo de obras y parálisis de servicios por el encarecimiento de insumos

La hoja de ruta técnica aprobada por los ediles contempla siete ejes prioritarios para evitar la quiebra financiera de los municipios: la redistribución de la masa coparticipable, la promulgación de la normativa del 50/50, un cronograma de convergencia fiscal, la reducción de cargas financieras, la restitución de fondos del IDH, la actualización de los desembolsos para el SUS y reformas legales de fondo. Entre las propuestas concretas figura la modificación de la Ley 977 para que sea el Tesoro General de la Nación (TGN) el que asuma de forma exclusiva el pago de los bonos sociales.

Asimismo, las municipalidades plantearon la restitución del control sobre instrumentos de recaudación propia, como el retorno de la inspección técnica vehicular al ámbito municipal, arguyendo que el nivel central ha despojado a las alcaldías de sus fuentes de ingresos tradicionales mientras les exige sostener la infraestructura urbana. Esta situación ha derivado en la paralización o ralentización de cientos de proyectos de asfaltado, alcantarillado, unidades educativas y centros de salud en todo el territorio nacional.

El fenómeno de delegación de obligaciones sin respaldo presupuestario evoca las épocas de mayor centralismo fiscal en Bolivia, donde los municipios actuaron como amortiguadores del gasto social del Estado a costa del endeudamiento local. La falta de un mecanismo automático de actualización de precios en las licitaciones públicas ha provocado que decenas de empresas contratistas abandonen los frentes de trabajo al no poder absorber el incremento en el costo de los materiales.

Fátima Tardío insistió en que el decreto demandado constituye una herramienta de supervivencia institucional para evitar el colapso de las obras en ejecución. La autoridad municipal sostuvo que la retención de fondos y el traspaso de competencias han colocado a los gobiernos autónomos municipales en una situación insostenible que amenaza con paralizar los servicios básicos prestados a la ciudadanía.

El pronunciamiento conjunto representa un desafío político mayor para el gabinete económico de Rodrigo Paz, que deberá resolver en menos de 96 horas las demandas de los principales centros urbanos del país si pretende evitar una escalada de conflictos en las capitales departamentales. La postura de la AMB marca un punto de inflexión en la relación entre los municipios y el Órgano Ejecutivo de cara a la definición del Presupuesto General del Estado.

Los alcaldes aguardan la promulgación del decreto hasta este viernes para evitar el cierre de frentes de obra.