Un can de la Felcn desmantela hipótesis oficial en el caso maletas

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El informe oficial de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, incorporado formalmente al cuadernillo de investigación fiscal del denominado caso maletas, estableció que los equipajes que arribaron al aeropuerto internacional de Viru Viru no registraron alertas de sustancias controladas. La verificación técnica mediante el uso del Can K-9 desvirtúa las declaraciones del Ministro de Gobierno, Marco Oviedo, las aseveraciones del exjuez Hebert Zeballos y las afirmaciones del fiscal José Armando Urioste, quienes aseguraron públicamente la existencia de un cargamento ilegal procedente de Estados Unidos.

El documento del brazo operativo antidroga, fechado el 23 de enero y publicado este martes por El Deber, detalla que las 31 unidades de equipaje pertenecientes a la exdiputada Laura Rojas Ayala y sus acompañantes pasaron la inspección en pista sin observación alguna. Esta situación técnica destruye la hipótesis criminal de la Fiscalía General del Estado y del Ministerio de Gobierno, instancia que al día siguiente de las declaraciones del exjuez Hebert Zeballos afirmó taxativamente que los bultos contenían sustancias alteradas, procediendo a la imputación y detención de altas autoridades judiciales basándose en indicios no corroborados científicamente en el lugar del desembarco.

La defensa técnica de Laura Rojas Ayala, a cargo del abogado Joadel Bravo, manifestó que, al confirmarse la ausencia de elementos constitutivos de tráfico ilícito, corresponde el apartamiento inmediato de los procesados de la causa penal abierta por la presunta comisión de delitos conexos. El jurista argumentó que la remisión de las valijas a los depósitos de rezagados de la Aduana Nacional se ejecutó precisamente porque el examen policial descartó cualquier irregularidad de carácter penal en el aeródromo cruceño.

INFORME TÉCNICO REFUTA A LAS AUTORIDADES

⚠ EXAMEN NEGATIVO: Las 31 unidades de equipaje de Laura Rojas Ayala fueron sometidas a inspección directa sin registrar alerta alguna de sustancias controladas.

⚖ DESMONTAJE PENAL: El abogado Joadel Bravo exigió apartar a su defendida del proceso al demostrarse la inexistencia de elementos de tráfico ilícito.

💣 MEMORIA HISTÓRICA: La Fiscalía General admitió que el caso se sustenta en delatores anónimos, reviviendo el fantasma de los montajes con testigos protegidos de 2009.

📉 RIESGO DE ENTIERRO: El exdiputado Amílcar Barral alertó que el caso será cerrado sin culpables para proteger a los verdaderos implicados del poder.

La metodología empleada por el fiscal general interino, José Armando Urioste, ha encendido las alarmas de la comunidad jurídica del país debido a la admisión de que las pesquisas prioritarias se fundamentan en declaraciones de testigos protegidos. Este procedimiento evoca los episodios judiciales de la memoria histórica nacional del año 2009, cuando el uso de delatores anónimos sirvió para la construcción de causas penales con fines de descabezamiento político.

Asimismo, la afirmación posterior de la Fiscalía General respecto a que se presumía la existencia de dinero en efectivo debido exclusivamente al peso y volumen de las maletas devela una alarmante carencia de rigor pericial en la conducción de la acción penal pública. La imputación dirigida contra el magistrado Romer Saucedo en la vía ordinaria se sostiene de esta manera sobre premisas circunstanciales que colisionan con el informe técnico emitido por el propio personal especializado de la Policía Boliviana.

El panorama del caso se complica con las declaraciones del exdiputado Amílcar Barral en declaraciones publicadas en Hoybolivia, quien advirtió que el proceso está diseñado para ser enterrado en la impunidad legislativa y judicial, dejando la causa sin culpables tras las rejas. Barral enfatizó la existencia de actores políticos con nexos de poder que recibieron el cargamento en la terminal aérea y que permanecen deliberadamente excluidos de las investigaciones del Ministerio Público.

Con todos estos datos, la ausencia de un análisis químico positivo en el acta de intervención policial corrobora que las acusaciones de alteración química del Ejecutivo no corresponden a los elementos probatorios acumulados en el expediente judicial. El caso ingresa a un limbo jurídico donde la consistencia de las detenciones preventivas queda cuestionada por el propio organismo encargado de la fiscalización operativa de los aeropuertos.

Los reportes de turno aduaneros revelan además contradicciones logísticas profundas sobre quién autorizó el movimiento de la carga hacia la puerta metálica número 8 del predio aeroportuario. El flujo del operativo interno demuestra que el cargamento se manejó bajo protocolos ordinarios de almacenamiento de rezagos, lo que invalida la narrativa de un cordón de seguridad de emergencia montado por supuestas redes delictivas transnacionales.

El quiebre del discurso oficial abre la compuerta para que las defensas técnicas de los magistrados involucrados exijan auditorías forenses a las llamadas telefónicas y bitácoras de los fiscales asignados a la causa. La desconfianza se incrementa a medida que el Ministerio Público introduce nuevas variables de sospecha económica sin haber resuelto la naturaleza material del cargamento original.

Finalmente, el letargo institucional en la divulgación de este informe de la Felcn, que data de principios de año, expone una intencionalidad de dilación dirigida a sostener las medidas cautelares privativas de libertad de forma artificial. La instrumentalización de los tiempos procesales se convierte en el mecanismo predilecto del aparato estatal para desgastar a los imputados antes de que las pruebas científicas obliguen al cierre definitivo de los obrados.

El dictamen del can de la Felcn anula el sustento material del proceso por sustancias controladas y expone las contradicciones del aparato de persecución estatal.