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- 2026-11-10
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El Viceministerio de Transparencia institucionalizó una denuncia penal fulminante contra la cúpula de la Caja Nacional de Salud tras evidenciarse que la entidad médica montó una estructura financiera paralela para usar de forma directa más de Bs 95 millones. El fraude institucional se ejecutó bajo la complicidad de una resolución de Directorio armada a medida. El dinero de los aportes obreros terminó concentrado de forma ilegal en cinco cheques entregados a cuatro funcionarios públicos elegidos a dedo.
La Contraloría General del Estado emitió un informe definitivo donde destruye la coartada técnica de las autoridades médicas, confirmando que jamás existió una situación de desastre o contingencia sanitaria real que justificara el uso discrecional de fondos en avance durante la gestión 2023. Las autoridades gubernamentales confirmaron que un solo empleado administrativo, identificado como Constantino Carlos Colque Huarachi, acumuló dos cheques que superaban los 40 millones de bolivianos en sus cuentas personales sin control regulatorio de origen.
La maquinaria de impunidad judicial quedó al descubierto tras confirmarse que estos mismos hechos fueron denunciados formalmente hace un año, pero un fiscal de materia operó de forma inmediata para emitir un rechazo exprés y enterrar el caso en las sombras de la fiscalía. La actual activación de la Unidad de Investigaciones Financieras busca rastrear la ruta del dinero para determinar a qué operadores políticos o directivos de la CNS benefició este drenaje de capital público. El asalto a los fondos de salud pública demuestra cómo el aparato estatal normalizó la evasión de licitaciones transparentes para transaccionar con impunidad absoluta.
NEGOCIO CLANDESTINO CON DINERO DE LA SALUD OBRERA
⚠️ El Directorio de la CNS fraguó la Resolución 044/2023 para habilitar compras directas sin licitaciones bajo el paraguas de una emergencia médica totalmente inexistente.
⚖️ Cuatro funcionarios subalternos recibieron cheques millonarios de forma directa en sus cuentas individuales para encargarse personalmente de las provisiones de medicamentos.
💣 El esquema delictivo evadió de forma premeditada el Decreto Supremo 181 de contrataciones, el cual exige licitación pública obligatoria para cualquier monto superior al millón de bolivianos.
📉 Un fiscal de materia emitió un rechazo exprés hace doce meses para congelar la investigación penal y blindar a las autoridades del seguro de corto plazo.
García explicó que todas las instituciones públicas, incluida la CNS, están obligadas a realizar sus contrataciones de acuerdo a lo que establece el Decreto Supremo 181 y sus modificaciones; es decir, que si la entidad hará una contratación que supera un millón de bolivianos, está obligada a realizar una licitación pública.
“Esto implica la elaboración de un documento base de contratación, una convocatoria pública, una comisión de calificación, una evaluación de propuestas; sin embargo, ¿qué hizo la CNS en la gestión 2023?, utiliza un mecanismo denominado fondos en avance, jamás podría ser admisible que se efectúen contrataciones públicas como fondos en avance”, aseguró.
La reactivación de esta causa penal expone las profundas fracturas internas en el control, obligando a las autoridades de transparencia a objetar los fallos fiscales que previamente encubrieron a los imputados. El rastreo de cuentas bancarias ordenado por el Ejecutivo intentará determinar el destino final del efectivo antes de que los involucrados consoliden el desvanecimiento de las pruebas documentales.
La impunidad corporativa dentro de la CNS se enfrenta ahora a una auditoría que pone al descubierto cómo las resoluciones de directorio se convierten en patentes de corso para saltarse las leyes fiscales del Estado boliviano. El proceso penal alcanza a los miembros plenos del Directorio y a los empleados que cobraron los cheques millonarios emitidos en La Paz.
El viceministro de Transparencia, Yamil García, advirtió que la línea investigativa se extenderá de forma implacable hacia los fiscales que permitieron el congelamiento de la causa durante doce meses enteros. Las auditorías internas y los informes externos de la Asuss serán los pilares probatorios para evitar que el proceso sea saboteado nuevamente en los estrados judiciales del distrito paceño.
La Unidad de Investigaciones Financieras ejecutará el congelamiento preventivo de los bienes inmuebles y activos de los cuatro funcionarios involucrados para garantizar la anotación preventiva ante un posible daño económico irreversible. El dinero de la salud de los bolivianos se mantuvo fuera de los radares del Sistema de Contrataciones Estatales de forma premeditada.
El desvío de aportes de la seguridad social bajo la simulación de compras extraordinarias configura un delito financiero de carácter penal.
