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- 2026-11-11
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El vicepresidente Edmand Lara cuestionó la salida de Nadia Beller hacia México y expresó sus sospechas de que la activista mantenga un pacto con el Ejecutivo para implicar falsamente a otras personas dentro de investigaciones judiciales.
La autoridad nacional enfatizó que la denunciante no contaba con motivos legales ni procesales para abandonar el territorio boliviano. Lara recordó que, al margen de ostentar la condición de parte querellante en la causa, la normativa vigente impide su encarcelamiento debido a su estado de gestación. Durante su pronunciamiento, el Vicepresidente señaló que resulta incomprensible la huida de la activista y sugirió que su traslado contó con el aval estratégico de las autoridades gubernamentales.
El análisis del segundo mandatario apuntó al rol jugado por el Ministerio de Relaciones Exteriores en la concesión de las garantías de salida. Para la autoridad, la emisión acelerada del salvoconducto diplomático constituye un indicio severo de negociación política. Lara advirtió que este esquema replica los procedimientos empleados en gestiones pasadas, donde la concesión de beneficios procesales o facilidades de escape servía como moneda de cambio para obtener declaraciones direccionadas contra objetivos del oficialismo.
DETALLES CLAVE DE LA DENUNCIA
⚠️ Dudas por la huida: La activista salió de Bolivia pese a tener protección legal por su estado de gestación.
⚖️ Trámite exprés: Cancillería otorgó el salvoconducto a México con una rapidez que despertó fuertes sospechas.
💣 Alerta de montaje: Lara denunció la intención del Ejecutivo de armar un caso penal en su contra por difundir audios.
📉 Fantasmas del pasado: Advierten la reaparición de la figura del testigo clave para implosionar a la oposición.
El meollo de la denuncia de Lara descansa en la presunta intención del Ejecutivo de articular un caso penal en su contra. De acuerdo con los antecedentes expuestos, la molestia en las esferas gubernamentales se habría originado tras la divulgación pública de los audios vinculados al consultor argentino Fernando Cerimedo, hecho que reactivó las tensiones en la cúpula del poder.
La sombra de los procesos fraguados vuelve a proyectarse sobre el escenario judicial boliviano. Las declaraciones de Lara traen a la memoria histórica la época del MAS, cuando la fiscalía echaba mano a la controvertida figura del testigo clave para armar acusaciones prefabricadas, encarcelar opositores y desviar la atención de los escándalos de corrupción estatal.
La entrega de un salvoconducto por parte de Cancillería, lejos de interpretarse como un acto institucional rutinario, abre un abismo de dudas sobre la independencia de los poderes del Estado. En un contexto institucional deteriorado, la ciudadanía observa cómo las garantías diplomáticas se convierten en herramientas de manipulación procesal al servicio de la coyuntura política.
El desenlace de este cruce de acusaciones definirá si el caso de los audios deriva en un nuevo proceso inquisitivo o si se frena la intención de utilizar a la justicia como brazo ejecutor del Gobierno. Mientras las alertas siguen encendidas, la sospecha de un pacto bajo la mesa consolida el descrédito de los mecanismos de protección estatal.
