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"El hombre justo no es aquel hombre que no comete injusticia, sino es aquel que pudiendo ser injusto no quiere serlo".
El gobierno debe preservar a los hombres que est醤 bajo su r間imen de las injusticias y cuidarse en extremo de no propinar a los ciudadanos actos que est閚 re駃dos con las leyes vigentes y los derechos humanos universales.
A cada paso que damos en la vida, debemos valorar m醩 la justicia, porque esta permite que los seres humanos gocen del verdadero concepto de igualdad, que inscribe a todas las personas con los mismos derechos y libertades, las mismas opciones y la misma protecci髇 y tutela del marco legal.
Por eso nos sorprende ingratamente cuando un r間imen habla de restablecer derechos para algunos mientras se los quita a otros ciudadanos, como si los derechos fueron mendrugos o raciones que se les ofrece s髄o a aquellos que les sean leales o a los que resultan afines y 鷗iles a los planes y objetivos de sus causas, excluyendo de ellas a quienes en su libertad no encuentran afinidad con estos planes o proyectos.
Pero, se dice tambi閚 que en tiempos de injusticia es peligroso llevar la raz髇, porque la raz髇 deja de ser un valor y se convierte en un peligro para quienes desean ejecutar sus planes sin objeciones y plantean que sean acatados bajo sometimiento y miedo de la poblaci髇. Por eso es que en las 閜ocas de injusticias, el pensamiento es atacado como uno de los peores males al punto de castigar de la peor manera a quienes se atrevan a disentir o a esgrimir razones contra la imposici髇.
El lunes pasado, el gobierno manifest una vez m醩 su poco apego a la justicia y a las leyes, al rechazar un fallo de la Sala Penal de la Corte Superior de Distrito de Chuquisaca que determin procedente el h醔eas corpus a favor del ex prefecto Leopoldo Fern醤dez.
En una clara injerencia en el 醡bito del poder judicial, el viceministro de Justicia Wilfredo Ch醰ez opin sin mostrar respeto por el mandato de la justicia, que se trataba de un "fallo ilegal, infundado", expresando que presentar韆n de inmediato un amparo constitucional contra los vocales que beneficiaron a Leopoldo Fern醤dez", con lo que el Gobierno volvi a dejar por sentado que no est dispuesto a cumplir la ley.
M醩 grave a鷑 fue la declaraci髇 que hizo el presidente Evo Morales quien emiti la sospecha de que hab韆 corrido mucho dinero entre los juristas, sin ahorrarse adjetivos contra Leopoldo Fern醤dez a quien mantiene recluido en calidad de "confinado" en la c醨cel de San Pedro sin ning鷑 proceso y habiendo desobedecido a un fallo anterior de la Corte Suprema de Justicia que exigi su traslado a la ciudad de Sucre para someterlo a un proceso de acuerdo a su investidura prefectural.
Lo propio hizo el ministro Responsable de la Defensa Legal de las Recuperaciones Estatales, H閏tor Arce, quien se sum a la objeci髇 del Ejecutivo a cumplir el fallo de la Sala Penal de la Corte de Chuquisaca.
Pero como si esto ya no fuera suficiente el Senador de Unidad Nacional, Abraham Cu閘lar, cuyo partido recientemente realiz un pacto con el Gobierno, pidi al mismo tiempo mantener el estado de sitio en Pando, departamento que sufri una confrontaci髇 todav韆 no esclarecida y con dudosa participaci髇 de autoridades del Ejecutivo, en la que el Gobierno apres al prefecto Fern醤dez.
El citado senador plante que el estado de sitio se debe mantener porque existir韆 inseguridad y amenazas de muerte en contra de dirigentes sindicales, obreros y campesinos. Esto suena a favorecer la permanencia militar en el departamento a cualquier precio, sin reparar en los derechos de los ciudadanos a los que el estado de excepci髇 plantea persecuciones, allanamientos de domicilios e irregularidades que plantean violaciones de derechos.
No s髄o se desestiman las leyes sino que se est llegando a un punto peligroso en la compra de conciencias, lo que determina caer en la falta de principios rectores, lo cual entra馻 un grave deterioro en la regulaci髇 de la convivencia social y de la actividad pol韙ica en su conjunto.