Decreto secreto que esconde una picardía

La contrataci�n secreta de bufetes de abogados que la Procuradur�a General del Estado realice, as� como la de eximir a esa instituci�n de la obligaci�n de presentar su rendici�n de cuentas, son dos disposiciones que el gobierno ha promulgado, mediante el ins�lito Decreto Supremo 2698, fechado el pasado 9 de marzo de 2016, dando paso a la violaci�n de todas las normas que deben regir a ese ente fiscalizador.

Es de esta manera que la procuradur�a, en un acto sin precedentes, se ha negado a revelar los nombres de los estudios jur�dicos contratados por el Estado para asumir su defensa en los juicios internacionales que, por demandas de indemnizaci�n por ciertas �nacionalizaciones� han sido incoadas, como sucedi� en el caso Quiborax.

Recordemos que, cuando se decret� la nacionalizaci�n de las minas en 1953,se firm� un acuerdo con Pati�o, Hochshild y Aramayo donde, de acuerdo con un precepto constitucional, se pag� a las empresas afectadas una indemnizaci�n de 21 millones de d�lares, en el plazo convenido entre 1953 y 1961, con dinero que provino, obviamente, de la propia producci�n. Dicho acuerdo fue celebrado por el entonces embajador Edward J. Sparks, a trav�s de un telegrama que envi� al Departamento de Estado donde se�ala su total complacencia, seg�n documentaci�n (FRUS, 1952-1954, vol. IV, No 149) existente en la Oficina del Historiador de dicho Departamento.

Volviendo nuevamente al escandaloso caso de Quiborax, ahora nos enteramos de que el empresario boliviano David Moscoso, due�o del 49% de las acciones de esa sociedad, luego de presentar un documento falso de constituci�n de su empresa, que sirvi� de suficiente instrumento para iniciar el proceso de arbitraje contra Bolivia ante el CIADI, y haber confesado ese delito, recibi� del Estado boliviano 20,8 millones de d�lares de compensaci�n por haber ganado el proceso. �Que l�stima que los tres barones del esta�o, que conformaban el tal llamado superestado minero, no hubiesen conocido antes a este trapisondista que, con solo forjar un documento, se llev� la misma cuant�a de dinero que los tres juntos!

Lo peor es que este brib�n, luego de hab�rsele condenado a dos a�os de c�rcel por su venta de la patria, fue perdonado judicialmente despu�s de haber confesado su responsabilidad en la falsificaci�n del documento constitutivo de su empresa. �Vaya manejo de justicia! Quiz�s habr�a sido mejor condenarlo por separatista y as� estar�a purgando todav�a una condena casi perpetua, como la de los �combatientes� del Porvenir o del Hotel de las Am�ricas.

Y volviendo al secretismo del Decreto Supremo de marras y deteni�ndonos en lo que dispone en su art�culo quinto que a la saz�n se�ala: �Se establece la confidencialidad de la informaci�n generada en las contrataciones realizadas en el marco del presente D.S., por la naturaleza estrat�gica de la precautela y defensa de los intereses del Estado�, haciendo un esfuerzo para decodificar ese enunciado, debemos convenir que la intencionalidad de esteDecreto secreto es esconder una serie de picard�as.