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En el Art. 2, inciso C, de la Ley 1178 de Administracin y Control Gubernamentales, ms conocida como Ley SAFCO, de 20 de julio de 1990, quedaron claramente establecidas las funciones de la Contralora General del Estado, como el sistema de control gubernamental, integrado a su vez, por los controles interno y externo posterior.
Es suficientemente conocido que el rgimen del Movimiento Al Socialismo, en sus catorce aos de gobierno discrecional, se ha caracterizado por el total incumplimiento de esta norma de Control de la Gestin Pblica, bajo la consabida sentencia de su jefazo: Yo le meto noms, y que los abogados resuelvan, pues para eso han estudiado. Bajo esa temeraria premisa se inici una campaa de adjudicaciones por va de excepcin y en forma directa, sin que esa entidad pblica haya ejercido el suficiente control sobre las mencionadas transacciones y, mucho menos, el debido control interno ejercido por las Unidades de Auditora, porque sus informes eran y son evaluados por la Contralora; a los que se les impuso una serie de artificios que solo lograron que dichos informes estn sujetos apermanentes maniobras de distraccin y entorpecimiento deliberado, perdiendo de esta formasu fiel cumplimiento y verdadero objetivo.
Al fragor de esa anecdtica, como risible sentencia presidencial, y a la luz de la actuacin de funcionarios obsecuentes, recin podemos comprender la razn de los nombramientos que otrora recayeron en personas ajenas a la labor de dicha entidad pblica nacional que, se supone, debiera estar a cargo de auditores profesionales. Por esa razn, creemos que las funciones de control externo de la Contralora General del Estado brillaron y brillan por su ausencia, difiriendo diametralmente de la propaganda dirigida que nos muestra la televisin nacional.
Qu mejor ejemplo que el del prximo proceso electoral, al que asistiremos sabiendo que desde el ao2005 a la fecha, los bolivianos dentro y fuera del pas acudimos a las urnas en diez oportunidades distintas a votar; por elecciones generales, subnacionales, judiciales, constituyentes, revocatorios y referendos donde, el Tesoro General de la Nacin erog ms de 120.000.000 de dlares, para ese jolgorio electoralista de una casi dcada y media de autocracia masista, sin cumplir con los objetivos sealados y, por el contrario, con los desastrosos resultados que todava estamos pagando.
En conclusin, de slo haber cumplido a cabalidad la Contralora General del Estado las tareas encomendadas a su autoridad, otra sera la historia de nuestra Patria, despus de que los irresponsables dilapidaron ms de 300 mil millones de dlares en todo ese tiempo aciago qu les toc gobernar.
El nico Consuelo que podramos obtener para justificar semejante latrocino, es que hayamos amortizado la famosa deuda social que, como rescate, nos exigieron los bandidos, por los 500 aos transcurridos desde Coln, hasta la fecha. Para esto debemos responder: Que la paguen los masistas, para eso se han especializado. En fin, consecuencias del mtale noms.
