Los bloqueos como flagrante delito

Cuando a los bloqueos debemos referirnos, inmediatamente emerge de nuestra mente el concepto de violación al “derecho a transitar y desplazarse”. El bloqueo es un delito y no un derecho. Los “derechos” son facultades y garantías que protegen la libertad de las personas, protegen su dignidad y velan por una convivencia pacífica y social; Constituyen normas reguladas por el Estado, como una responsabilidad y obligación, que es administrada por el gobierno. 

El carácter de los derechos a la vida, la educación, la libertad de expresión, la salud y la igualdad, resultan derechos universales, exigibles e inalienables y se encuentran consignados en documentos como “la Carta Internacional de los Derechos Humanos”, que contiene aspectos básicos como el derecho a transitar, a la no discriminación, a la protección de la vida, al trabajo, la vivienda y a la alimentación, de manera que los individuos que vivan dignamente en sociedad y se relaciones entre sí, del mismo modo deben hacerlo con el Estado.

En el contexto de los “Derechos Civiles y Políticos”: la libertad de expresión, de participación y de reunión, así como el derecho a un juicio justo, y a no ser torturado, son importantes para el desarrollo de una sociedad en un Estado de Derecho.

Un aspecto esencial en esta materia, es que, para gozar de estos beneficios, existe también el deber de respetar los derechos de los demás.

Existe la tradición en este país, que extrañamente la Oficina de derechos Humanos, limitan su accionar únicamente a la defensa de algunos derechos políticos, y curiosamente a los de cierta tendencia política. Así lo corroboran las diversas intervenciones que muestran parcialidad en esta misión. Ello precisamente se ha venido advirtiendo ante los permanentes bloqueos de carreteras en todo el país, donde el gobierno asume una actitud de indiferencia, subestimando el grave perjuicio que ello significa para el conjunto de los bolivianos.

Los bloqueos, y el gobierno muy bien lo sabe, atentan contra el derecho ciudadano a la libre circulación que debe darse sin que medie ningún tipo de impedimentos o coacción, dado que sus efectos atentan directamente contra el desarrollo de las actividades productivas y comerciales del país. 

El proyecto de Ley, cataloga a los bloqueos como delitos y establece penas de 10 y 20 años de cárcel en función a quién o quiénes hayan promovido, financiado, organizado e instigado estas acciones y de quiénes están ejerciendo violencia criminal, que se suma al delito. 

El proyecto, establece garantías para policías y militares, para que nunca sean utilizados como carne de cañón, al mandarlos desguarnecidos a arriesgar su vida y su seguridad corporal.

Además, él o los bloqueadores serán pasibles a responder por el total de los daños causados, de acuerdo al juicio civil o penal que corresponda. 

De allí que, para reponer el necesario orden de manera legal, el nuevo gobierno, se ha visto forzado a utilizar mecanismos legales y Constitucionales, presentando un proyecto de Ley “Antibloqueos”, que castigue este flagrante delito; proyecto que, lamentablemente ha sido rechazado por el vicepresidente en una nueva actitud opositora al gobierno. Proyecto que, aprobado por dos tercios de votos en el Senado de la República, ha sido remitido a la Cámara de Diputados para su debida consideración. Y que merece todo el respaldo ciudadano para garantizar el que Bolivia pueda salir del charco en que nos sumieron los 20 años de desgobierno.