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Los presos políticos que dejó el MAS suman mil y siguen presos con el nuevo gobierno, olvidados incluso por los medios de comunicación.
En Venezuela, Delcy Rodríguez aprobó una amnistía parcial para liberar a la mitad de los presos del chavismo, y ahora prepara una amnistía irrestricta.
Pero en Bolivia nadie, excepto la carta informativa Siglo 21, menciona a los presos políticos detenidos durante las dos décadas infames del masismo.
El expresidente Luis Arce llegó a decir el año pasado que, por lo menos los presos detenidos por las causas Golpe I y Golpe II, eran víctimas del "capricho de Evo Morales".
Este cocalero, acusado de pedófilo, pero impune, ha dejado de ser presidente en 2019 y, sin embargo, parece seguir siendo dueño de la justicia boliviana.
Y manda también a la policía, que no se atreve a detenerlo, mientras el ejército sigue permitiendo que el Chapare sea un territorio donde no se aplica la soberanía boliviana.
Los militares no han abierto la boca para defender a medio centenar de sus camaradas presos, incluidos cuatro generales.
¿Esto quiere decir que el Cártel del Chapare sigue manejando a las instituciones del país con alguna planilla de pagos extraordinarios?
O quizá sea también que el monarca del Chapare sigue manejando el país a pesar de que su partido ha sido, supuestamente, separado del gobierno.
Por lo menos 90% de los ciudadanos están deseando que el MAS sea, de veras y no de burlas, excluido del manejo del país y sus dirigentes condenados por corruptos.
Pero el estilo de ese partido se mantiene intacto, con hechos de corrupción idénticos a aquellos con los que fatigó la infamia durante dos décadas en el país.
La oposición critica al gobierno de Rodrigo Paz por no haber aprobado ninguna ley económica en sus primeros cien días de gestión, lo que podría explicarse porque no tiene respaldo en el parlamento.
Al fin y al cabo, la composición de las dos cámaras del poder legislativo surgió de unas elecciones en las que el actual presidente tuvo unas alianzas misteriosas, o directamente ocultas.
Los propios organismos internacionales de crédito, tan dispuestos a conceder todos los recursos que el país necesita, le piden al gobierno que apruebe de una buena vez las leyes que repongan las seguridades jurídicas para la inversión privada.
Pero lo que no se explica es el silencio con que el gobierno se mantiene como cómplice de la dictadura masista y no mueve un dedo para liberar a los presos políticos.
Salvo que la explicación sea que, en realidad, no hubo cambio de gobierno.
Siglo21bolivia.com
