Ley 1720: el costo de ceder ante la presión y condenar al agro al estancamiento

Abrogar la Ley 1720 no es un acto político, es una rendición, Y cada rendición implica su precio. Precio que no se expresa en palabras, sino en números reales: dineros que no llegan, cosechas que no aumentan y alimentos más caros.Bolivia se equivoca nuevamente en su peor hora.Hoy, la agricultura aporta entre un 13% y un 15% al PIB nacional, y da trabajo a casi el 30% del empleo. No obstante, a más del 70% de pequeños campesinos les es difícil llegar al banco. *El drama real del campo en Bolivia no es la tierra, es el crédito.*

Según algunas estimaciones, el acceso a financiamiento puede incrementar la productividad entre un 20 y un 40%. Pero el golpe aún no termina.El país ya sufre presiones inflacionarias en sus alimentos. Recientemente, los artículos de la canasta básica han mostrado aumentos que superan al 20%, golpeando directamente la economía familiar. ¿Qué está haciendo el gobierno ante esto? En vez de fomentar la producción, está obstaculizando las circunstancias que propician su desarrollo.Menos crédito → menos inversión → menor producción → precios más altos. Es una ecuación simple.Desde una perspectiva legal, la consecuencia es igualmente seria.

*Publicar una ley y luego anularla en pocos días comunica un mensaje terrible: en Bolivia las normativas no duran, son efímeras.* Esto eleva el riesgo país, encarece los créditos y desanima toda iniciativa de inversión a largo plazo.¿Quién apostaría en un país donde una ley fundamental puede ser revocada por presiones políticas en un abrir y cerrar de ojos?

La comparación con otros países de la región resulta desalentadora. Brasil invierte anualmente más de 100 mil millones de dólares en financiamiento para la agricultura, apoyado significativamente por garantías reales sobre la propiedad de la tierra. Paraguay ha conseguido que el agro incremente más del 25% sus exportaciones; gracias a un modelo que fomenta inversión y derecho de propiedad, Perú multiplicó cinco veces sus agroexportaciones en veinte años, apoyándose en seguridad legal y financiamiento

Bolivia, sin embargo, decide volver atrás. *Mientras otros países hacen del agricultor un sujeto de crédito, Bolivia lo mantiene como sujeto de subsistencia.* Mientras la región apuesta por una mayor producción, nosotros protegemos el estancamiento. Se dirá que la anulación responde a pedidos sociales. Pero hay que decirlo sin rodeos: gobernar no es ceder ante la presión; gobernar es tomar decisiones que construyan el futuro.

Y acá se hizo exactamente lo opuesto. Si se hubiera conservado la Ley 1720, el país podía aspirar a:Aumentar el crédito en zonas rurales al menos 30% en 5 años.Mejorar la producción del campo hasta un 40%.Disminuir la pobreza rural que aún ronda el 50% en algunas regiones.   Disminuir la presión inflacionaria de los alimentos.

Hoy el panorama, en cambio, es diferente: La inversión queda estancada.La productividad limitada. Hay más informalidad. Los alimentos valen más. Y un país menos interesante para los que ponen el dinero.No se trata de una medida técnica. Se trata de una decisión política.Y como cualquier medida política, habrá consecuencias.La pagará un productor, sin crédito.La pagarán las familias, con mayor costo de los alimentos, y la pagará el país con menos crecimiento.Bolivia no perdió una ley. Perdió la oportunidad de reescribir su futuro económico.Y pasó esto, otra vez, por temor a avanzar....