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- 2024-11-25
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LA PAZ
Algo más de cinco millones de Cédulas de Identidad fueron adquiridas por el gobierno en los últimos tres años, miles de las cuales en blanco circulan libremente listas para ser llenadas con fotografías, datos personales y firmas que comprometen la seguridad nacional y son utilizadas para la comisión de delitos de todo tipo y también para participar en los continuos actos electorales que promueve el Poder Ejecutivo.
La diputada Ninoska Lazarte Caballero, pidió este jueves aquí la intervención del sistema de identificación personal y denunció que los documentos valorados que sirven para la filiación y extensión de la Cédula de Identidad en blanco “son un grave peligro” una vez que “con sólo una computadora, una impresora laser, una foto y la copia de las firmas hasta se puede adquirir la ciudadanía boliviana”.
En efecto, aseguró que miles de extranjeros “obviamente de dudoso comportamiento” ya tienen Cédula de Identidad de Bolivia, por tanto, adquieren todos los derechos de los ciudadanos bolivianos. “Con un Carnet en blanco se puede cambiar el nombre, la ciudadanía, el estado civil, todo” manifestó antes de señalar que un solo ciudadano puede tener también muchas identidades y, por consecuencia, pueda votar muchas veces.
SISTEMA PERFORADO
La diputada Lazarte Caballero, sostuvo que el sistema compuesto por el Registro Civil, de Identificación Personal y, por tanto, el Padrón Electoral “está perforado, contaminado”, esto es, “no permite la menor garantía y confiabilidad ni siquiera de ciudadanía y menos para eventos electorales cuyos resultados, por tanto, no son los correctos”.
Reveló que Cédulas de Identidad en blanco con los debidos hologramas y medidas de seguridad salieron de la repartición policial correspondiente y fueron entregados a dirigentes del Movimiento Al Socialismo (MAS) y, al mismo tiempo, fueron enviados a Argentina y Brasil para “habilitar ciudadanos para votar, así sean extranjeros, no importa”, por tanto, la carnetización ejecutada y financiada por Venezuela desde el año 2006 se ha convertido en la “escalera del fraude”.
Dio cuenta, asimismo, que en los últimos 15 meses, para el Referéndum Revocatorio y el Referéndum Constituyente, el gobierno del jefe cocalero y presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales, compró 3,8 millones de valorados (Cédulas de Identidad en blanco), sin embargo, este tipo de adquisiciones se hace desde el año 2006 lo mismo que pasaportes y Libretas de Servicio Militar tanto así que la extensión del documento militar aumentó de un promedio de 8.000 anuales a 21.479 en la última gestión.
FRAUDE ELECTORAL
De acuerdo a los datos entregados este jueves aquí, el fraude electoral alcanza no sólo a la “clonación” de identidades, sino también a los “homónimos perfectos”, el señalado aumento “inexplicable” de extensión de pasaportes y Libretas de Servicio Militar, así como el incremento “insólito” del Padrón Electoral que contempla personas que fallecieron, niños que nacieron con 18 años listos para votar, ciudadanos que viven en el exterior, ancianos con más de 120 años, y algo más de 10.000 extranjeros probados con nacionalidades poco comunes en Bolivia como rumanos, suecos, noruegos y, por supuesto, argentinos, cubanos y venezolanos.
Según la información, los departamentos de La Paz y Santa Cruz tienen casi la misma población, sin embargo, Santa Cruz registra 300.000 votos menos, mientras que en el área rural del occidente del país el llamado “voto comunitario” hizo bajar el índice de ausentismo del 39,4 al 0,46 % lo que confirma que los campesinos e indígenas son obligados a votar so pena de las sanciones “de la comunidad”.
El Padrón Electoral nacional creció “extrañamente” en un 16 %. Ocurrió lo mismo en Pando, en 39 %; en Beni, 10 %; en Tarija, 9 %; en Santa Cruz, 4,5 %; en Nor Yungas, en 36 %; en La Asunta, en 44 %; en Sacaba, en 41 %, lo mismo que en zonas rurales expulsoras de población donde, sin embargo, existe una mínima cantidad de votos blancos y nulos no obstante las condiciones socioeconómicas de los ciudadanos que las habitan. Ahora se pretende el voto de aproximadamente un millón de personas que viven en el exterior sin importar su situación migratoria y menos la forma de empadronamiento y la veracidad de su ciudadanía y sus datos personales.