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- 2024-11-22
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La Paz, (Erbol).- Un juez es objeto de un juicio por prevaricato instaurado por un general del Ejército Nacional. Esta acción pone otra vez en el tapete el debate sobre la libertad de expresión.
El argumento es que la autoridad judicial derivó una demanda al Tribunal de Imprenta, en vez de a uno ordinario, que deberá emitir un fallo sobre una caricatura del diario cruceño El Deber que cuestiona un proyecto que aparentemente no fue iniciado a pesar del dinero invertido, informa la red Erbol.
En la tira aparecen dos sujetos. Uno de ellos le dice a su interlocutor: “¿Se acuerda del Comando del Plata que se inauguró con tanta publicidad?” Y continúa: “El terreno está abandonado y los barbechos han sepultado a la piedra fundamental”. El otro piensa en un parlamento de dos cuadros: “No es lo mismo que un Comando del Plata a que un comando se lleve la plata”.
La caricatura fue publicada el 24 de agosto de 2009, seis días después de que el periódico difundiera una información en la que “las autoridades y pobladores de San Ignacio de Velasco denuncian que la instalación del Comando del Plata quedó en nada y que el Estado invirtió recursos”.
Quien se sintió aludido por los dibujos fue el general José Antonio Ágreda Mendívil, ahora el Jefe del Estado Mayor General del Ejército y entonces coronel responsable del Comando en cuestión. Así, interpuso una demanda contra al periódico, cuyos abogados plantearon una solicitud “excepción de incompetencia” ante el juez de la causa, Omar Dorado, con el argumento de que el demandante es servidor público y ante esa situación amerita la intervención de un Tribunal de Imprenta.
El fallo del juez señala que “no constituye injuria el hecho de puntualizar por la prensa deficiencias y abusos sobre irregularidades que afectan a servicios públicos”.
Los abogados de El Deber usaron como argumento esa decisión y el artículo 28 de la Ley de Imprenta, del 19 de enero de 1925, que en parte dice “que los funcionarios públicos que fuesen atacados por la prensa en calidad de tales, sólo podrán quejarse ante el Jurado (de Imprenta)”.
Sin embargo, la defensa de Ágreda Mendívil consideró que el juez incurrió en prevaricato (omisión de una decisión justa), por lo que ahora es objeto de un proceso por parte del demandante. Por eso, el fiscal del caso, Gomer Padilla, convocó hoy como testigos de la causa a los ejecutivos del diario, Pedro Rivero Jordán, y Juan Carlos Rivero Jordán, y a los abogados de éstos, Marco Peredo y Vitalio Quiroga.
El caso ha reabierto el debate sobre la libertad de expresión en el país, por las organizaciones del gremio han declarado una alerta pública.
La tira es obra de Gaspar, en el espacio “El duende y su camarilla” del El Deber.