Un acto criminal

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Cuando en Bolivia tenemos una grave crisis de vivienda con miles de familias que viven en un cuarto sin los servicios básicos, algunos funcionarios del Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra, ordenaron la destrucción de unas 120 viviendas por estar en un terreno cuya propiedad o jurisdicción se la pelea con el municipio de Warnes.

No se trata de que la construcción haya sido realizada por el gobierno nacional dentro de un plan de vivienda para gente de escasos recursos. No tiene nada que ver con que la obra se haya levantado en un terreno cuya jurisdicción está en litigio, ni que pueda haber desaveniencias entre ambos municipios.

De lo que aquí se trata es de una falta de visión de los funcionarios que ordenaron la demolición, del exceso de apego a las leyes y de una falta de sentido social que les impide pensar que el daño que estaban infligiendo no era hacia una institución, municipio o el mismo gobierno, sino contra 200 familias que podían haberse beneficiado con esas viviendas.

Los informes sobre la pobreza en Bolivia muestran que 6 millones de personas en nuestro país viven en la pobreza con menos de 5 monedas al día, mientras que 3 millones de bolivianos viven en la extrema pobreza, o sea que no tienen ni siquiera para llevarse un pedazo de pan a la boca. Esta gente tal vez ni siquiera en sus sueños puede imaginarse tener una vivienda propia.

Por ello, lo que esos funcionarios municipales han hecho, no tiene nombre. Han tirado a fuerza de máquina 120 viviendas y no derrumbaron más porque vecinos de otros barrios salieron, con más criterio, a defender esas obras que ahora han quedado en ruinas a causa de la falta de visión de algunos malos empleados.

El alcalde de Santa Cruz, Percy Fernández, ya anunció la destitución de 6 funcionarios por haber ordenado la demolición de las viviendas. Sin embargo, este hecho no puede pasar simplemente por ese proceso, alguien tiene que seguirles un proceso legal para determinar si sus acciones estuvieron dentro del marco de lo legal para dar otros pasos más contundentes.

Ahora quién repondrá los daños causados por la demolición municipal? algunos funcionarios del gobierno nacional anunciaron que harán responsable a la Alcaldía cruceña por las pérdidas de Bs 15 millones, lo que de prosperar le significará un grave problema al municipio, ya que la plata tendrá que salir del bolsillo del pueblo.

Si las obras fueron construidas en un terreno que no pertenece a Warnes, también tiene que procederse de la misma manera, buscando a los responsables de esa barbarie. Con seguridad que de uno u otro lado, hay responsables. De hecho, ya hay algunos que por el exceso de celo en los aspectos legales ordenaron la demolición y ya fueron despedidos. Falta determinar si la construcción fue legal y si tienen los documentos correspondientes.

Sin embargo, todo esto pudo haber terminado con un diálogo franco entre ambos municipios si es que la realidad es que las casas fueron construidas dentro de los límites de Santa Cruz de la Sierra, haberse llegado a un acuerdo y beneficiar a familias de escasos recursos con una casa propia, tarea que debería ser responsbidad de los municipios para dar una mejor calidad de vida a sus habitantes.