24/07/2017 - 17:15:58
La Paz, (ABI).- La Comisión Codificadora de Leyes analizó el lunes los alcances del anteproyecto del nuevo Código de Ejecución Penal para la construcción de una adecuada política, en el marco de la adecuación de la normativa a la Constitución Política del Estado.

Según un boletín de prensa del Ministerio de Justicia, el abogado de la Comisión Penal, Jorge Omar Mostajo, expuso los fundamentos teórico-doctrinales y normativos del anteproyecto de ley.

La sesión de la comisión fue presidida por el ministro de Justicia, Héctor Arce, quien destacó la propuesta de Ejecución Penal y recomendó trabajar en normas que se ajusten a la actualidad y realidad boliviana.

En la oportunidad, Mostajo hizo un diagnóstico amplio del colapso carcelario que enfrenta Bolivia y precisó detalles sobre los sentenciados y detenidos preventivos.

Consideró como preocupante los datos oficiales sobre la situación de las cárceles cuando de 16.613 detenidos hasta marzo de este año, apenas 5.028 estén con sentencia y 11.585 con detención preventiva.

En esa perspectiva es que planteó una nueva propuesta del Código de Ejecución Penal que regule la ejecución de la pena, otorgue medidas de seguridad y efectivice un mejor control de la detención preventiva en el ámbito judicial.

Consideró que es fundamental dotar al sistema de ejecución penal de un medio de autoevaluación permanente y contar con datos precisos para la construcción de una adecuada política criminal.

Asimismo, señaló que, por el dinamismo de la materia penitenciaria, debe regularse por decreto supremo la materia de vigilancia penitenciaria (órgano disciplinario - administrativo).

Dijo que la ejecución penal no es parte de un órgano mixto (jurisdiccional y administrativo), es netamente jurisdiccional y perteneciente al orden de la ejecución penal. No ejerce una jurisdicción prorrogada (no es un delegado del Tribunal o Juez de Sentencia) sino es propia.

Además, debe resolver todos los incidentes propios a la etapa del cumplimiento de la pena impuesta y salvaguardar los derechos de los internos, sean estos condenados o prevenidos, y velar por el cumplimiento de los fines constitucionales de la pena.