18/10/2018 - 07:58:20
El Deber.- Los empresarios reiteraron su rechazo al pago de un segundo aguinaldo, confirmado por el Gobierno para diciembre, y señalaron que aún esperan una convocatoria al diálogo para fundamentar técnicamente la necesidad de anular el decreto o, en última instancia, ajustarlo.

Mientras, el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, manifestó que están dispuestos a negociar los plazos del pago, entre 30 y 90 días, bajo condición de que se cumpla el beneficio.

“Pedimos al presidente Evo Morales y al vicepresidente Álvaro García Linera realicen un análisis minucioso del mal que se está causando con esta medida, en atención a los graves riesgos sobre la economía de las personas más vulnerables”, declaró en conferencia de prensa el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas.

Huarachi aseveró que esperan trabajar de manera conjunta en la reglamentación para cuidar los intereses del trabajador y de los emprendedores, y calificó algunas expresiones como “excusas y amenazas”.

Créditos e incentivos

El presidente de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), Germán Canaviri, adelantó que tienen pactada una reunión con los ministerios de Economía y Planificación para este viernes, y reconoció que el tono del diálogo pasó de “no pagar en ninguna circunstancia” a negociar condiciones que reactiven el sector.

Plantean la flexibilización de acceso a créditos bancarios e incentivos tributarios. El diputado del MAS Víctor Ramírez agregó que se estudian mecanismos para promover el gasto de un porcentaje del bono de los funcionarios en productos nacionales.

El presidente de la Federación de Empresarios Privados de Cochabamba (FEPC), Javier Bellot, señaló que sugieren que las empresas imposibilitadas en pagar negocien con sus trabajadores, tal como ocurre en las públicas.

Apoyan que el monto que se gasta sirva como descargo impositivo y que el beneficio llegue a los que ganan menos de Bs 4.000.

El exministro de Economía, Luis Arce, aseveró que este pago significa apenas un 2% del gasto laboral mensual de los privados, y descartó que vaya a provocar problemas financieros.