Los piratas de la tierra: Corrupción, ilegalidad y manejo político de las tierras en Santa Cruz durante el gobierno de Evo Morales

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Los Tiempos.- Esta investigación fue realizada por Nathalie Iriarte y Rolando Aparicio en alianza con Connectas, con apoyo del ICFJ (International Center for Journalists), dentro de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas. Los Piratas de la Tierra se publica en Página Siete, El Día y Los Tiempos. En 2006, cuando asumió como el primer presidente indígena de Bolivia, Evo Morales anunció una Revolución Agraria, que “beneficiaría a los campesinos e indígenas del país que necesitaran tierras para trabajar” y que “aseguraría la soberanía alimentaria”. Catorce años después, el presidente de la Pachamama, quien juraba que su programa de gobierno favorecería a los pueblos indígenas, preservaría y fortalecería su relación con la madre tierra, no solo les quedó debiendo, sino que los utilizó para fortalecer su proyecto político. Se cuestiona que se entregaron tierras a personas de zonas como Cochabamba y no así a campesinos e indígenas locales, como manda la ley. Esto se ve agravado por decenas de testimonios que aseguran que los dirigentes sindicales y las exautoridades se llenaron los bolsillos con cobros ilegales a costa del sueño de que la tierra sería para quien la trabajara. Luego de ocho años de fallidos arranques, esta revolución explotó en 2014, cuando en el departamento de Santa Cruz, el más extenso y motor de la agroindustria en Bolivia, se cuadruplicó la entrega de tierras en relación con los años anteriores. Durante la presidencia de Evo Morales, solo en Santa Cruz se entregaron 1,7 millones de hectáreas de tierras estatales a nuevos comunarios. El equivalente a una superficie superior a toda la isla de Jamaica. Pero lejos de ser una medida que favoreció a los sectores más pobres, dicha revolución agraria, en Santa Cruz y la región conocida como la Chiquitania, se convirtió en uno de los temas más polémicos del gobierno de Morales, puesto que las autorizaciones incumplieron los procesos de ley y sus fundamentos básicos: los beneficiarios no fueron los campesinos e indígenas sin tierra, sino que miembros de una sola organización campesina (la CSUTCB) se llevaron más del 70 % de toda la tierra a través de dirigentes que, según numerosas denuncias que hoy están siendo investigadas por el gobierno de transición, conformaron mafias para extorsionar a dueños legítimos, generar comunidades fantasmas, realizar cobros ilegales por los trámites y crear asentamientos que destruyen reservas naturales. El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), un ente desdibujado por señalamientos de corrupción y casi 10 años de directores interinos, se convirtió en la instancia que, de manera unilateral, decidía todo: la cantidad, el lugar y los beneficiarios de entrega de tierras, pasando por encima de los controles y actores estipulados por la ley. Esto devino en autorizaciones irregulares que causaron enfrentamientos entre comunidades y cambios ilegales de uso de suelo (de manejo forestal a uso agrario), además de viciar de nulidad la mayoría de las autorizaciones de nuevas comunidades. Los campesinos e indígenas beneficiados con las tierras son en su mayoría (70 %) migrantes de poblaciones urbanas que intentan ‘recampesinizarse’ por un pedazo de tierra y que hoy son llamados colonos en estas nuevas comunidades. Algunos de ellos tuvieron que trasladarse miles de kilómetros a lugares apartados para vivir sin acceso a agua potable ni servicios básicos, sufrir el maltrato de las instituciones gubernamentales, los cobros y abusos de dirigentes y la estigmatización por parte de las poblaciones locales en los lugares a donde llegaban (por la falta de políticas de integración). A otros les bastó afiliarse a un partido político para lograr poder y beneficios dentro de sus comunidades. Todos fueron utilizados como fichas de esta política de colonización territorial de Evo Morales. Es por eso que esta investigación los llama Los piratas de la tierra. Esta investigación fue realizada en alianza con CONNECTAS, con apoyo del ICFJ (International Center for Journalists), dentro de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas. Durante cuatro meses, visitamos más de una docena de comunidades en toda la Chiquitania y otros territorios de Santa Cruz. Además, revisamos con detalle los datos de la dotación de tierras entregadas por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, y entrevistamos a expertos, instituciones, autoridades y organizaciones campesinas e indígenas. Las exautoridades protagonistas de las irregularidades que este reportaje revela —excepto Teodoro Mamani, el líder nacional de la CSUTCB— se mantuvieron en silencio sin contestar preguntas ni recibir a los periodistas. Capítulo I: Los reyes de la selva: el clan de los Leones http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200322/reyes-selva-clan-leones Capítulo II: Romper la ley por un pedazo de tierra http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200322/romper-ley-pedazo-tierra Capítulo III: INRA: La organización que se creyó por encima de la ley http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200322/inra-organizacion-que-se-creyo-encima-ley