Los planes de Añez y los miedos de Lima

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El País (La manos del Moto).- La estrategia del Gobierno está a punto de fructificar: Jeanine Áñez se sentó en el banquillo de los acusados el jueves, pero los problemas de conectividad obligaron a buscar nueva fecha de juicio, además presencial.

El equipo del Ministerio de Justicia, que es quien viene marcando la pauta de la investigación junto a la Procuraduría al Ministerio Público logró dividir la causa en dos bajo la premisa de que sí hubo un golpe de Estado en octubre de 2019. Y es que hasta hoy no logran encontrar material suficiente que pruebe que sí hubo una conspiración de fuerzas que organizaron toda la protesta para derrocar a Evo Morales y poner a alguien en su lugar, que es lo que trata de dirimir el caso “Golpe de Estado I”, pero todo lo demás desde la renuncia de Evo Morales se narró en vivo por televisión: Áñez instalando una sesión sin quórum en la que se nombra primero presidenta del Senado y después del Estado, para trasladarse después al Palacio Quemado, subir por las escalinatas biblia en mano y salir al balcón de la plaza Murillo después de que un militar le colocara la banda. Sobre eso trata el caso “Golpe de Estado II” con figuras mucho más leves, como la de la resolución de normas contrarias a ley, etc.

Resultaría difícil que, dadas las circunstancias, Áñez pudiera librarse de una sentencia condenatoria, básicamente porque no se juzga aquí la legitimidad del golpe contra el ilegítimo candidato del MAS, como la oposición insiste en presentar, sino que lo que se juzga es que no había quórum en la sesión en que se proclamó Presidenta, que es lo esencial en democracia; pero además porque el Tribunal Constitucional ya se ha desdicho del informe emitido en el momento mismo de la posesión, y porque dos de los militares de alto rango involucrados están negociando el proceso abreviado, es decir, el reconocimiento de la culpa.

Sin embargo, con una reforma de la Justicia en ciernes, una comisión purgando cualquier tipo de sociedad delictiva y miles de jueces, fiscales, abogados y policías bajo la lupa, nadie se atreve a adelantar acontecimientos, pues lo probable es que se revuelvan contra el Gobierno por donde más le duele.

El contrataque de Áñez

Analistas que siguen el proceso en clave más política que técnica advierten que la estrategia de Jeanine Áñez no es improvisada, más al contrario, tiene puntos suficientes para ser tomada en cuenta pues lleva meses preparándose. Para algunos, desde el mismo día que dejó la Presidencia.

Áñez, al contrario que la mayoría de sus colaboradores, no huyó del país a pesar de ser muy consciente de que había un pedido expreso de venganza sobre ella. Al contrario, Áñez preparó una candidatura en solitario a la Gobernación del Beni donde no salió ni segunda. Fue la constatación de la soledad y una forma de decir “no soy como ellos”.

Solo una semana después de certificar su derrota electoral, Áñez fue detenida en un operativo prácticamente dirigido por el Ministerio de Gobierno de Eduardo del Castillo y que pilló de improviso a buena parte de los dirigentes del MAS, que habían creído en el discurso de reconciliación posterior a la asunción de Luis Arce y David Choquehuanca en noviembre. La derrota electoral de la subnacionales pareció desencadenar el operativo.

Las “condolencias” de sus exaliados, como Samuel Doria Medina o Luis Revilla, y de aquellos que promovieron su designación, como Carlos Mesa y Tuto Quiroga, duraron poco más de dos semanas. A partir de entonces, Jeanine Áñez proyectó una imagen de “víctima de la dictadura”, filtrando esporádicamente sus dificultades en la cárcel y denunciando abusos. También posicionándose en temas concretos a través de cartas. Sus hijos se convirtieron en sus únicos portavoces junto a Amparo Carvajal, de la Asamblea de Derechos Humanos.

El objetivo siempre ha sido el de internacionalizar su proceso, el de conseguir atención mediática internacional, lo que en buena medida ha logrado a través del grupo de expresidentes latinoamericanos, que en Bolivia articula Tuto Quiroga, y que ha colocado su situación en diferentes foros como la OEA; y a través de la ultraderecha española en la Unión Europea, donde fue finalista de los premiso Sajarov y su nombre ha aparecido varias veces en el debate del parlamento europeo.

Hubo dos momentos especialmente delicados para la estrategia defensiva de Jeanine Áñez. El primero, el del informe de la Conferencia Episcopal, que los obispos elaboraron para deslindar responsabilidades sobre su participación en ningún golpe de Estado, pero que en el fondo dio cuenta de las reuniones de alto nivel con embajadores extranjeros, fuerzas políticas nacionales y solo tres representantes del exgobierno, votado por más del 60% de los bolivianos en 2014, que tuvieron el objetivo de poner un presidente en cuenta de Evo Morales al margen de la Constitución y el poder popular.

En el informe de los obispos se revela un dato “escalofriante”, las representantes del MAS propusieron como presidente al tarijeño Víctor Hugo Zamora, entonces secretario del Senado por el Partido Demócrata Cristiano que electoralmente dirigió Tuto pero que se convirtió en el habitual desmadre de toda oposición en los últimos años. Zamora, propuesto por el MAS, acabó siendo su Ministro de Hidrocarburos y negociando los más importantes contratos gasíferos del país sin traumas para las transnacionales, lo que convirtió en sospechoso el propio manejo.

El otro momento delicado fue la detención de Arturo Murillo en Estados Unidos, donde fue refugiado de la mano de Erik Foronda, exfuncionario de larga duración de la embajada de Estados Unidos en La Paz y agente confeso de la CIA en una crónica de Jon Lee Anderson y que se convirtió en secretario privado de Áñez ni bien asumió el poder.

Murillo fue detenido poco después de que Joe Biden recolocara las fichas de la Agencia de Inteligencia tras asumir el poder y, supuestamente, dejara de gozar de la protección de la administración Trump. A Murillo se le acusa de delincuencia común: corrupción entre particulares en Estados Unidos, precisamente por una compra irregular de material antidisturbios en su etapa de ministro. Justo ni bien entraba a ser ministro.

Gestionar la vinculación con Murillo no ha sido fácil para Áñez, sobre todo porque durante sus 12 meses de gobierno fue más que su mano derecha. Actualmente su posición es “me ha decepcionado”, señalando que actuó a sus espaldas. En su entorno se da por hecho que Murillo negocia su situación procesal a cambio de información sensible y que en su momento se intentó mediar y mejorar la situación de Áñez en este contexto, pero lo cierto es que el Gobierno de Estados Unidos y la DEA parecen haber encontrado otros caminos de colaboración con el nuevo gobierno, como en el caso de Maximiliano Dávila. La pregunta siempre es cuán importante es Áñez en el tablero geopolítico continental.

La justicia que juzga

El asunto de la presencialidad era algo que el Ministerio Público intentaba evitar básicamente por la repercusión internacional que tendrán las imágenes de una expresidenta en huelga de hambre sometida a la justicia ordinaria en Bolivia justo en este momento en el que la credibilidad de la Justicia está en la picota y los “clanes” de jueces, abogados, fiscales y policías empiezan a desconfiar de todos, algo que no gusta nada en el Ministerio de Justicia.

El ministro Iván Lima, en el marco de la coyuntura, pero antes de que empiecen las hostilidades, ya ha advertido que estos grupos organizados se están revolviendo contra la comisión que está revisando los casos de feminicidas liberados – como tarden mucho se van a fugar todos – y que sus agresiones pueden ser “impredecibles”, pero que están dispuestos a hacer de todo para evitar que nadie cambie.

En el entorno judicial se reconoce que la forma más fácil de disipar el último impulso por la reforma de la Justicia es hacer caer al Ministro, Iván Lima, un ministro más apegado al evismo y cuyo cargo reclaman básicamente las organizaciones del Pacto de Unidad, que lo culpan a él y a Del Castillo del Carpio de no haber logrado aún una sentencia contra Áñez.

¿Quién quiere la sentencia de Áñez?

Es la pregunta matriz. La sentencia de Jeanine Áñez por su nombramiento ilegal es buscada principalmente por el sector evista, que necesita consolidar su relato del golpe con una condena al menos local de lo sucedido y también puede reconfortar a las familias de las víctimas de la represión.

Al mismo tiempo, Áñez se ha convertido ya en una referencia de la ultraderecha en el continente, que busca renovar sus mártires después de la sangría de la oposición en Venezuela.

Sentenciar a Áñez puede servir para llevar paz a ciertos sectores del MAS y ahondar la indignación en otros sectores opositores, pero también moderados, sobre la manipulación de la justicia. Liberarla generará el caos en las filas del MAS. Y muchos ganan en el caos.

 ¿Cuánto miedo a Luis Fernando Camacho?

En Bolivia es posible juzgar y condenar a la expresidenta Jeanine Áñez por haberse autonombrado y ejercido el poder de forma ilegítima durante un año sin llegar a esclarecer si hubo un golpe de Estado o si no lo hubo. Así lo evidencia el procedimiento armado desde el ministerio de Justicia y que está en puertas del juicio.

Áñez fue esencialmente una beneficiaria de los sucesos de octubre y noviembre de 2019. Alguien – se debe esclarecer en el juicio – le llamó y le ofreció ser Presidenta, después mandó un avión de las Fuerzas Armadas y la protegió en La Paz. Ese mismo alguien también mandó aviones militares a recoger a senadores y diputados de oposición al MAS en todas las regiones del país.

Desde el momento en el que Áñez asume la Presidencia, toda la responsabilidad pasa a ser suya, tanto por los nombramientos como por los decretos, como el que dio impunidad a los militares para actuar con fuego real en la represión de las protestas, que se materializó en las masacres de Senkata y Sacaba, sin embargo, eso todavía no es asunto juzgable.

Tampoco se va a juzgar todavía la naturaleza del golpe, es decir, no se va a esclarecer si hubo una voluntad expresa de derrocar a Evo Morales fuera cual fuera el resultado de las elecciones de octubre de 2019; si hubo una financiación externa o participación de países extranjeros; si hubo una coordinación con las Fuerzas Armadas y con la Policía Nacional para planificar las acciones que finalmente acabaron con Evo Morales fuera del poder o si todo fue producto espontáneo del contexto.

Y es que tampoco se va a juzgar, como tampoco se juzgó en el año en que Áñez fue presidenta, si hubo un fraude o un intento de fraude en esa elección de 2019, si se había planificado al sacar las salas de conteo de los Tribunales Departamentales a hoteles, el corte de luz o el uso de servidores no verificados o si por el contrario todo fue el resultado de la calentura, de unos datos que eran peores de los previstos y que desembocaron en un corte intempestivo del proceso de conteo rápido.

Áñez está presa, mientras Luis Fernando Camacho, principal figura de la caída de Evo Morales y actual gobernador de Santa Cruz, ni siquiera ha ido a declarar y Carlos Mesa, el principal contendiente, quedó en libertad simple y llana.