La prensa bajo asedio en Guatemala

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NY Times.-  — La última vez que vi a José Rubén Zamora, fundador y director de elPeriódico, el principal diario de investigación de Guatemala, fue a principios de junio y me dijo que sospechaba que el gobierno estaba armando un caso en su contra. Sus temores no eran infundados.

Siete semanas después, el gobierno fue por él. La noche del 29 de julio, autoridades guatemaltecas allanaron su casa y la sede del periódico. Algunos miembros del personal fueron detenidos por las autoridades durante más de 16 horas. Zamora fue arrestado y trasladado a la prisión Mariscal Zavala. Después, durante el fin de semana, congelaron las cuentas bancarias del periódico, lo que significa que no puede pagarle a su personal.

La compleja situación de Zamora parece ser parte de una campaña de persecución del presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, contra las instituciones y voces anticorrupción en el sistema judicial. Los periodistas o los medios de comunicación que investigan o critican al gobierno han sido señalados cada vez más por su trabajo periodístico.

Los guatemaltecos han comenzado a advertir que su arresto señala una escalada significativa del embate del gobierno contra los valores democráticos. Estados Unidos es el aliado más poderoso y el apoyo económico y socio comercial más importante del país más allá de las fronteras de Centroamérica. Muchos guatemaltecos dicen estar frustrados porque el gobierno de Joe Biden no ha respondido de manera más contundente ante la deriva autoritaria del país.

La situación no siempre fue tan grave. Hasta hace poco, el sistema de justicia de Guatemala era un modelo esperanzador en una región inundada de gobiernos autoritarios y corrupción estatal. A partir de 2006, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), respaldada por las Naciones Unidas —que incorporaba a fiscales internacionales y nacionales y trabajaba en vinculación con la fiscala guatemalteca— expuso a los grupos criminales arraigados en el gobierno y presentó cargos contra casi 700 personas, incluido el expresidente Otto Pérez Molina.

La mayor parte del financiamiento de la Cicig provino de Estados Unidos, y contó con el apoyo de sus dos partidos políticos. Pero en 2018, políticos y personas con intereses empresariales de Guatemala contrataron cabilderos estadounidenses para influir en los legisladores republicanos. La estrategia rindió frutos. Ese año, el senador Marco Rubio bloqueó el financiamiento de la comisión argumentando, sin fundamento, que el gobierno ruso había penetrado en la organización.

Rubio aseguró que estaba defendiendo la soberanía guatemalteca de la interferencia extranjera. Pero una encuesta de 2017 reveló que el 70 por ciento de los guatemaltecos confiaba en la comisión. A medida que el apoyo y el financiamiento de Estados Unidos se acabaron, el entonces presidente de Guatemala, Jimmy Morales, quien estaba siendo investigado por la Cicig, cerró y expulsó del país al organismo anticorrupción. El gobierno de Donald Trump respondió con silencio.

La gestión de Biden prometió volver a participar en la lucha contra la corrupción en Guatemala y ha expresado su apoyo a quienes lideran el esfuerzo. Pero los jueces y fiscales que Estados Unidos ha intentado proteger suelen ser quienes terminan por huir del país. Durante los gobiernos de Morales y Giammattei, alrededor de 24 jueces y fiscales anticorrupción guatemaltecos han tenido que exiliarse y aproximadamente la mitad han sido encarcelados en Guatemala o esperan juicio.

La narcocleptocracia guatemalteca ha perfeccionado un sistema electoral cerrado que recompensa y empodera a candidatos y partidos corruptos. En los mandatos de los presidentes Morales y Giammattei, la fiscala general del país, María Consuelo Porras, considerada por Estados Unidos una “figura corrupta y antidemocrática”, ha bloqueado las investigaciones de corrupción y ha usado el sistema de justicia en contra de funcionarios de justicia.

Los medios guatemaltecos —entre los que se cuentan al menos una decena de medios impresos, radiales y digitales independientes— han sido defensores desafiantes de los valores democráticos. Así que parecía inevitable que después de vaciar el sistema de justicia de Guatemala, Giammattei y Porras se enfocaran en la prensa libre y aguerrida del país.

Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público, quien también está en la lista de funcionarios corruptos del Departamento de Estado estadounidense, y es señalado específicamente por hacer acusaciones “falsas” contra fiscales y abogados, dijo que la detención de Zamora no tiene relación con “su calidad de periodista” sino que se le acusa de “múltiples delitos”, como lavado de dinero y chantaje.

Zamora, por su parte, advierte que es “un preso político”, víctima de “un montaje diseñado, fabricado y ejecutado con eficacia por el presidente, la fiscal general y otras personas”.

Está claro que su arresto es parte de un patrón más amplio del gobierno de señalar y atacar a los periodistas por hacer su trabajo. En octubre del año pasado, la casa del reportero Juan Bautista Xol fue allanada por militares y policías. En marzo, otro destacado periodista, Juan Luis Font, abandonó el país en medio de acusaciones de lavado de dinero.

Un informe de la Asociación de Periodistas de Guatemala publicada este año registra que desde que Giammattei asumió el cargo, en 2020, el gobierno ha llevado a cabo 350 ataques contra la prensa. Hasta julio, al menos cinco periodistas guatemaltecos se han exiliado a consecuencia de cargos penales similares a los presentados contra Zamora, y otros enfrentan acusaciones parecidas.

Desde que un golpe de Estado respaldado por la CIA en 1954 puso fin a la única década de gobierno democrático de Guatemala, Estados Unidos ha intervenido y se ha inmiscuido en la vida política del país, y apoyó a las dictaduras militares que sumergieron al país en una guerra interna de tres décadas que devastó a la sociedad guatemalteca. A pesar de tener la economía más grande de la región, es uno de los países más desiguales del mundo. La complicidad del gobierno de Trump en la expulsión de la Cicig derivó en el desmantelamiento de las instituciones anticorrupción de Guatemala y en su deriva hacia el autoritarismo.

En mayo, Giammattei designó a Porras para un nuevo mandato como la fiscala general, lo que llevó al secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, a condenar el nombramiento en un tuit.

Pero el gobierno de Biden les debe a los defensores de la democracia guatemalteca más que tuits y listas de funcionarios corruptos. Puede y debe hablar con fuerza y actuar con determinación en defensa de la democracia del país. Estados Unidos podría retener la ayuda económica y militar a menos de que el gobierno guatemalteco demuestre que no está utilizando el sistema de justicia como una herramienta para la persecución política y no que no interfiera en la celebración de elecciones libres y justas.

Desde aquí, en América Latina, puede ser difícil entender qué es en lo que Estados Unidos cree, si es que cree en algo, con la suficiente resolución como para alzar la voz en defensa de aquellos que están siendo silenciados. Nadie debería esperar que los poderes militares y económicos detrás de Giammattei se sientan presionados. Pero a medida que la oposición y la sociedad civil guatemaltecas se preparan para protestar y resistir esta semana, deberían saber que Estados Unidos los apoyará de manera inequívoca.

La audiencia del lunes en la que se presentaron los cargos contra Zamora se prolongó hasta bien entrada la noche. Policías antidisturbios, algunos de ellos con pasamontañas, lo rodearon en la sala del tribunal; una demostración de fuerza más apropiada para custodiar a un capo del narcotráfico. Representantes de derechos humanos fueron excluidos del tribunal. Sin embargo, se permitió la entrada a la prensa y a trolls de extrema derecha de la Fundación Contra el Terrorismo, que apoya al gobierno de Giammattei.

Zamora insiste en que el dinero por el que lo acusa el gobierno de lavado fue un préstamo para mantener a flote a su periódico. Ojalá pudiéramos estar seguros de que la verdad será suficiente para liberarlo.