TSE denuncia golpe a la democracia: Dos fallos anulan selección de candidatos al TSJ y TCP

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Las salas constitucionales de Beni y Pando declararon, en audiencias distintas, desierta las convocatorias a los procesos de preselección de los candidatos al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), dejando en punto de inicio esta labor que estuvo a cargo de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

El presidente en ejercicio del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Francisco Vargas, calificó la acción judicial de un “golpe a la democracia” y anunció que este miércoles se reunirá la sala plena del ente electoral para asumir una posición institucional y perfilar acciones, como una medida cautelar para garantizar las elecciones judiciales el 1 de diciembre.

Inicialmente la Sala Constitucional de Pando declaró desierta la convocatoria al proceso de preselección de candidatos al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) al conceder tutela a la excandidata María Esther Caero, quien impugnó en julio el proceso porque -en su opinión- incumplió los parámetros de equidad de género, plurinacionalidad y representación departamental territorial e incorporaron a “candidatos aplazados”.

Horas después, la Sala Constitucional de Beni declaró desierta las convocatorias para la preselección de los candidatos al Tribunal Supremo de Justicia y al Tribunal Constitucional Plurinacional, al conceder tutela al amparo planteado por el también excandidato Hugo Vargas.

Vargas explicó que el TSE no fue notificado con el amparo activado por Caero, por lo que no asistieron a la audiencia y de las determinaciones se anoticiaron a través de los medios de comunicación.

“En el caso de la audiencia del Beni hemos escuchado la decisión de los miembros de la Sala Constitucional” que declaró desierta la preselección de candidatos para el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Constitucional.

“Es importante mencionar que vamos a realizar todas las acciones legales, vamos a interponer un recurso, una medida cautelar a esta decisión, porque no estamos de acuerdo”, anunció en conferencia de prensa.

Argumentó que la sala constitucional del Beni se extralimitó en el fallo “al pretender que el TSE sea una especie de suprapoder” y revise lo actuado por la Asamblea Legislativa Plurinacional en cuanto a la calificación y a la meritocracia de los postulantes.

Vargas objetó su inhabilitación como postulante a magistrado del Tribunal Supremo de Justicia por Beni. En su amparo exigió al TSE devuelva las listas de candidatos seleccionados a la Asamblea Legislativa.

“Consideramos que este es un golpe a la democracia, que no lo hemos visto en los últimos años. Quien habla está ligado a procesos electorales en los últimos 10 años y nunca había visto que un proceso electoral tenga tantas trabas. Nos preocupa de sobremanera el hecho de que no se de seguridad jurídica al trabajo que realiza el Órgano Electoral, a los electores y a los candidatos”, cuestionó el presidente en ejercicio del TSE.

En ese contexto, este miércoles la sala plena del TSE analizará los alcances de los fallos de ambas salas constitucionales y emitirá un pronunciamiento como Órgano Electoral, considerando, además, que el Tribunal Constitucional aún debe revisar las dos resoluciones.

“No quisiéramos entender que este es un golpe judicial a la ejecución de los procesos electorales. Esperamos que quienes van a revisar estos fallos puedan actuar precautelando ese derecho que tienen las bolivianas y los bolivianos a decidir en las urnas. El pueblo ha decidido y quiere ir a las urnas este primero de diciembre”, arguyó Vargas.

Según normativa, al declararse desierta la convocatoria, la Asamblea Legislativa debería reiniciar el proceso de preselección para el TSJ y el TCP. Los procesos de preselección de los candidatos al Consejo de la Magistratura y al Tribunal Agroambiental no fueron impugnados.

Hasta la fecha, el TSE ya ejecutó más de Bs 55 millones de los Bs 183 millones que demanda las elecciones judiciales.

“El día de mañana vamos a asumir las determinaciones, una probabilidad es asumir una medida cautelar y pedir al Tribunal Constitucional pueda -de manera inmediata- revisar estos fallos a objeto de dar la seguridad jurídica a la ejecución de los procesos electorales”, anticipó.