Sospechan blindaje a funcionarios del MAS en puestos clave

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Tras más de dos meses de silencio, la diputada Adriana Jiménez activó 20 conminatorias contra el Órgano Ejecutivo ante la falta de respuesta a 30 peticiones de informe sobre sueldos y personal.

La fiscalización apunta a la nómina de la administración central y empresas estratégicas, donde se presume que el Gobierno mantiene intactas las "raíces podridas" del sistema anterior.

Jiménez denunció que, aunque se cambiaron las cabezas, las entidades estatales siguen funcionando como "caja chica" para funcionarios puestos a dedo por el MAS, evadiendo el control legislativo.

Resulta ofensivo que, mientras las familias bolivianas sobreviven con ingresos básicos, el Estado mantenga salarios de privilegio para amigos, cuñados y compadres en cargos jerárquicos.

La legisladora alertó sobre casos extremos en la Planta de Urea, donde se reportan consultorías que alcanzan los 250.000 bolivianos, cifras que triplican el sueldo presidencial.

Ante el bloqueo informativo, se presentó un Proyecto de Ley de Austeridad para frenar el despilfarro y obligar a una racionalización salarial inmediata en todo el aparato público.

El futuro de esta norma depende ahora de las comisiones económicas, actualmente bajo el control de la mayoría oficialista, que decidirá si transparenta o mantiene el hermetismo.

El Dato de Cierre: La opacidad del Viceministerio de Coordinación Legislativa impide conocer cuántos millones de bolivianos se destinan mensualmente a sueldos de directores y gerentes que ganan hasta 50.000 bolivianos.