- Destacadas
- 2026-02-08
-
-
-
Loading
Loading
[Estamos en WhatsApp. Empieza a seguirnos ahora]
El presidente Rodrigo Paz ha promulgado este domingo la Ley N.º 1709, una medida estratégica que busca frenar la salida del país de quienes acaban de dejar la función pública.
La nueva norma modifica la legislación anterior y amplía de tres a seis meses el periodo de permanencia obligatoria en territorio nacional para las exautoridades.
Esta disposición surge en un clima de tensión, tras denuncias que apuntan a que cientos de exfuncionarios ya habrían abandonado el país para evadir fiscalizaciones.
El objetivo central de la ley es garantizar que el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas presenten sus informes de gestión sin excepciones.
La restricción alcanza a los cargos más altos de la nación, incluyendo a la Presidencia, Vicepresidencia y Ministros de Estado.
Pero el candado también se extiende a nivel regional: Gobernadores, Alcaldes, Asambleístas y Concejales están ahora bajo la lupa del arraigo obligatorio.
Incluso las Máximas Autoridades Ejecutivas de empresas públicas y mixtas deberán esperar medio año antes de poder cruzar las fronteras.
La Ley N.º 1709 fue sancionada este sábado por el Senado en una sesión virtual, tras un trámite acelerado en la Cámara de Diputados.
El espíritu de la norma es proteger los intereses del Estado y facilitar las investigaciones judiciales por presuntos hechos de corrupción.
Anteriormente, el plazo de tres meses resultaba insuficiente para que las nuevas administraciones detectaran irregularidades o faltantes en el erario público.
Con este nuevo plazo de 180 días, las auditorías podrán profundizarse antes de que los responsables puedan buscar refugio en el extranjero.
La medida busca evitar que el cese de funciones se convierta en una huida estratégica para quienes administraron recursos fiscales.
En el entorno del presidente Paz, la promulgación se ve como una señal de transparencia y firmeza ante la opinión pública que exige cuentas claras.
Bolivia intenta cerrar así una etapa de "salidas exprés", donde el arraigo obligatorio se convierte en la primera garantía de responsabilidad pública.
El Dato de Cierre: Con la promulgación de la Ley N.º 1709, el Gobierno envía un mensaje directo: el servicio público no termina con la entrega del despacho, sino con la aprobación de su gestión frente al país.
