Crisis compartida: Gobernaciones y Gobierno pactan el reparto de la escasez

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La Casa Grande del Pueblo en La Paz se convirtió este viernes en el escenario de un movimiento tectónico en la política boliviana. El presidente Rodrigo Paz y ocho gobernadores electos del país se sentaron a la misma mesa para sellar lo que denominaron una "agenda conjunta", pero que en el fondo representa la entrega de las llaves de la administración de la crisis a las regiones.

Esta maniobra, analizada bajo la lupa de La Mesa de Análisis, revela que el poder central está delegando responsabilidades financieras porque ya no puede sostener solo el peso del gasto público. Al viabilizar el debate del plan 50/50, el Gobierno busca compartir no solo los recursos, sino también el costo político de la escasez que asfixia al país.

El encuentro contó con la presencia de Juan Pablo Velasco (Santa Cruz), Jesús Égüez (Beni), Leonardo Loza (Cochabamba), María René Soruco (Tarija), Luis Revilla (La Paz), Gabriela De Paiva (Pando), Édgar Sánchez (Oruro) y Luis Ayllón (Chuquisaca). En la mesa, Paz aseguró que fue un encuentro extraordinario con vocación democrática: “esto es lo que tenemos que hacer en Bolivia, dialogar en la mesa, entre instituciones, dejando lo político de lado”, sentenció el mandatario.

• 💰 El plan 50/50 otorga a las regiones el control directo del 50% de la recaudación tributaria nacional.

• ⛽ Las gobernaciones asumen la responsabilidad compartida de gestionar soluciones locales para el suministro de carburantes.

• 📉 El pacto depende críticamente de la efectividad de la Ley de Alivio Tributario para generar flujo de caja.

• 🛡️ Se busca desactivar la presión social sobre el nivel central transfiriendo la ejecución de obras a las gobernaciones.

“Hay que entender que el momento que estamos viviendo es de un liderazgo conjunto nacional. No es un presidente, no son gobernaciones, no sólo son alcaldías, es el conjunto de las instituciones”, afirmó Paz, reconociendo implícitamente que el Estado central ya no tiene la fuerza para dirigir la economía de manera solitaria. Los gobernadores, por su parte, aceptan este trato como la única vía para descongelar sus presupuestos y evitar el colapso administrativo en sus departamentos.

El trasfondo de este "liderazgo conjunto" es la ausencia de divisas y la necesidad de una administración regionalizada del déficit. El Gobierno central sabe que el modelo de centralismo financiero ha llegado a su límite y necesita que figuras como Velasco o Revilla compartan la carga de explicarle a la población por qué los recursos no son inmediatos.

Es previsible que la gestión de las sustancias controladas y la seguridad fronteriza sigan centralizadas, pero el resto de la operatividad del país pasará por este nuevo tamiz del 50/50. Este híbrido administrativo pondrá a prueba la capacidad de gestión de líderes regionales que, hasta hoy, basaban su discurso en la exigencia de mayores transferencias directas desde el Tesoro General.

La apuesta por la formalización de la economía a través del alivio tributario es sumamente arriesgada, pues asume que los contribuyentes responderán de forma masiva en un contexto de incertidumbre. Si la recaudación no sube según lo proyectado, las gobernaciones se encontrarán con más competencias pero con una billetera igual de vacía que antes del pacto.

El éxito de esta descentralización del riesgo dependerá de la transparencia en la liquidación de impuestos de grandes contribuyentes y aduanas, temas que fueron parte del debate técnico en la sede de Gobierno. La "vocación democrática" mencionada por el presidente Paz es, en realidad, el pragmatismo de un Estado que prefiere repartir la torta antes de que esta termine de desmoronarse.

Finalmente, el ciudadano debe entender que este pacto en la Casa Grande del Pueblo no significa que el país ha salido de la zona de peligro. La crisis sigue siendo la misma, pero ahora tiene ocho nuevos administradores encargados de dar la cara ante la falta de liquidez y la urgencia de soluciones que el nivel central ya no puede garantizar de forma exclusiva.

El Dato de Cierre: El plan 50/50 obligará a las gobernaciones a buscar financiamiento externo propio, algo que podría disparar la deuda pública regional en menos de 24 meses.