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- 2026-07-02
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La Fiscalía Departamental de Santa Cruz admitió de manera oficial la denuncia penal interpuesta por el Comité del orden Cívico en contra del expresidente Evo Morales, el ejecutivo de la COB, Mario Argollo, y el dirigente de la Federación de Campesinos de La Paz Túpac Katari, Vicente Salazar. La acción jurídica busca establecer sanciones contra los promotores de las movilizaciones que estrangularon al país durante 53 días consecutivos, provocando pérdidas millonarias irreparables.
El pliego acusatorio identifica la presunta comisión de nueve delitos graves, entre los que destacan de forma nítida las tipificaciones de alzamiento armado, terrorismo y financiamiento al terrorismo. La activación del caso penal ocurre como el primer intento formal por pasar factura jurídica a quienes aislaron los centros de producción alimentaria del país.
Los cívicos cruceños fundamentan la urgencia del proceso judicial en la necesidad de encontrar a los responsables materiales e intelectuales por el fallecimiento de más de diez personas durante las movilizaciones. Las víctimas fatales no pudieron recibir la asistencia médica necesaria en los centros hospitalarios debido al bloqueo sistemático de las principales carreteras del eje central.
Esta nueva causa procesal se suma al complejo escenario judicial que arrastra Morales, quien permanece resguardado en la región del Chapare para eludir una orden de aprehensión previa por el delito de trata de personas. El cerco legal sobre el entorno del exmandatario se reactiva en un momento de extrema susceptibilidad política, tras la reciente vigencia del Estado de excepción.
Por su parte, los sectores campesinos movilizados determinaron ingresar en una pausa temporal de sus medidas de presión, replegando los puntos de bloqueo tras la demostración de fuerza estatal en las vías públicas. Sin embargo, la dirigencia cívica advirtió que los acuerdos políticos de pacificación no frenarán las acciones penales destinadas a resarcir el daño económico infligido a las familias bolivianas.
El Dato de Cierre La Fiscalía de Santa Cruz inició el control jurisdiccional de la investigación que pretende sentar un precedente histórico contra los bloqueos, procesando penalmente a la cúpula evista por la pérdida de vidas humanas.