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- 2026-07-17
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El diputado Néstor Rodríguez, autor del polémico proyecto de ley de reinserción social para personas en situación de calle proponiendo esterilización, ha defendido su iniciativa ante la ola de cuestionamientos, aunque se ha visto forzado a realizar matices terminológicos para intentar salvar la propuesta. El legislador sostiene que la medida no busca la eugenesia o est5ilización, sino una intervención integral que priorice la salud pública y el control del entorno de vulnerabilidad extrema en el que nacen miles de niños.
Aunque reconoció que el término "esterilización" ha sido el foco de las observaciones de instituciones de derechos humanos y especialistas, el proyectista aclaró que su objetivo sigue siendo impedir que mujeres drogodependientes en situación de calle continúen con su vida reproductiva. "Tal vez no sea la palabra correcta de esterilización, pero sí el uso de anticonceptivos permanentes para que ellos no estén dando a luz en la calle", manifestó el diputado, desconociendo que no hay anticonceptivos permanentes.
El proyecto de ley pretende establecer un Programa Nacional Integral de Reinserción Social que incluye registro, evaluación médica y tratamiento obligatorio para personas con adicciones. Según Rodríguez, la restricción reproductiva sería aplicada como una "última instancia" tras la evaluación médica, bajo el argumento de proteger a los menores de nacer en un entorno dominado por la droga.
📊 Registro nacional: Se estima una población de 18.000 personas en situación de calle, el 35% mujeres.
💰 Financiamiento: Los municipios deberán utilizar recursos del IDH para habilitar centros de rehabilitación.
💊 Cambio de método: El proyectista sugiere reemplazar la esterilización por anticonceptivos de larga duración.
⚖️ Coacción estatal: El Estado busca tener el control total sobre la capacidad reproductiva de la población vulnerable.
La propuesta de utilizar recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) para ejecutar estas políticas de control y rehabilitación ha sumado presión sobre los gobiernos municipales. Los alcaldes estarían obligados, bajo este proyecto, a asumir un rol activo no solo en la atención, sino en la implementación de medidas que limiten la fertilidad de las mujeres bajo su jurisdicción.
El legislador rechazó contundentemente las acusaciones de inconstitucionalidad, afirmando que el texto fue elaborado durante meses con asesoría técnica y jurídica. Sin embargo, la sustitución del término "esterilización" por "anticonceptivos permanentes" mantiene el núcleo del debate ético: la posible vulneración de los derechos reproductivos de las mujeres en situación de calle.
El Dato de Cierre: La insistencia del proyectista en mantener el control estatal sobre el cuerpo de mujeres vulnerables, a pesar de los matices terminológicos, confirma que el enfoque del proyecto sigue siendo coercitivo y no meramente asistencial.
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