Exigen investigar a más autoventas por lavado de dinero tras el caso Mariaca

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La Cámara Automotor Boliviana instó formalmente a la Policía Boliviana y al Ministerio Público a extender los operativos de fiscalización e investigar a diversas autoventas del país tras la intervención de dos comercializadoras vinculadas al exfiscal Roger Mariaca. El gerente general de la institución, Luis Encinas, sostuvo que estos negocios podrían estar siendo utilizados para la internación de vehículos con tributos omitidos y subfacturación.

El representante gremial denunció la presencia de sujetos desconocidos que abren y cierran empresas automotrices para evadir controles y facilitar el blanqueo de capitales. Encinas precisó que los motorizados ingresados de forma irregular se han convertido en una moneda de cambio para el tráfico de armas, sustancias controladas y personas.

Por su parte, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, ratificó que las pesquisas contra Mariaca y los comercios intervenidos continúan activas para precisar la estructura financiera del esquema. La autoridad no descartó que exfuncionarios de administraciones pasadas hayan prestado protección a estas operaciones ilícitas.

📌 IRREGULARIDADES DETECTADAS EN EL MERCADO AUTOMOTOR:

⚠️ 43 vehículos de lujo secuestrados en las recientes intervenciones policiales.

⚖️ Fiscalía investiga posible tipificación por tributos omitidos y subfacturación.

💣 Adquisición de motorizados como moneda de pago para tráfico de armas y sustancias controladas.

📉 Proliferación de establecimientos irregulares vinculados al blanqueo de capitales.

La preocupación del sector formal radica en el impacto que genera el ingreso masivo de unidades sin el pago correspondiente de aranceles tributarios. El uso de transacciones en efectivo en estos locales dificulta el rastreo de la procedencia real del dinero.

Las autoridades antinarcóticos y de lucha contra la corrupción prevén ejecutar nuevos allanamientos en recintos de venta de motorizados para corroborar las nóminas de propietarios y el origen de la mercadería. La investigación busca desarticular la red completa de internación ilegal.

Las autoridades judiciales definirán la anotación preventiva de los bienes e inmuebles de los establecimientos que no logren acreditar el origen lícito de sus fondos.