De Chacón a Sacha sobre Chaparina

Este curioso Cha-cha-cha de palabras, en el que degener� la violenta represi�n ejercitada por la Polic�a en contra de la octava marcha ind�gena en Yucumo, parece adquirir cada d�a ribetes de mayor espectacularidad, especialmente con la reciente carta  de la ex ministra de defensa Cecilia Chac�n, donde devela una serie de pormenores que hasta hace un a�o nadie conoc�a o al menos estaban vedados a la opini�n p�blica.

La exhibici�n extempor�nea de tales testimonios, a consecuencia del nombramiento del ex ministro de gobierno Sacha Llorenti como embajador ante las Naciones Unidas, reci�n  un a�o despu�s de tan luctuosos acontecimientos, no pareciera obedecer a un acto de envidia, despecho o desagrado personal ante dicha designaci�n, pues los hechos nos demuestran que, al margen de las desinteligencias surgidas en gabinete entre ambos dignatarios a tiempo de planificar el estropicio, pueden existir razones de mayor peso que ocasionen dichas afirmaciones, como aquellas que tienen que ver con las demandas interpuestas por los dirigentes ind�genas Adolfo Ch�vez y Fernando Vargas ante la Corte Penal Internacional de la Haya, a la cual acaba de a�adirse la querella del dirigente de la Coordinadora Andina de Organizaciones Ind�genas (CAOI), Rafael Quispe, ante Mutuma Ruteere, relator especial de la o­nU, por las agresiones sufridas ese 25 de septiembre en Chaparina, donde su propia hija estuvo entre los menores agredidos.

Seg�n la p�gina oficial de la o­nU, y como muestra de una t�cita admisi�n de la causa, dicho relator indic�: �Tendr� en cuenta los retos existentes para la eliminaci�n del racismo y la discriminaci�n racial en Bolivia y tratar� de participar de manera constructiva con el gobierno para hallar posibles v�as hacia la aplicaci�n efectiva de las leyes, pol�ticas y medidas adoptadas en la lucha contra esos flagelos�.

La Corte Penal Internacional de la Haya, organismo de justicia que no fue elegida por el 60 % de los votos blancos y nulos del centenar de pa�ses que la conforman y es reticente a cualquier intento de coima o soborno, procesa dichas querellas, demandas y solicitudes, desde hace m�s de medio siglo, con la seriedad e idoneidad que le caracteriza y, en lo que a las denuncias de los TIPNIS se refiere, con seguridad que �stas ser�n substanciadas hasta concluir el proceso contra los demandados, entre los cuales debe figurar la ex ministra, sin importar si renunci� o no a su cargo, ya que su dimisi�n se efectu� despu�s de los hechos y, por lo tanto,  la �nica forma de eximirse de dicha responsabilidad y lograr una  atenuante que la libre de ser imputada, consistir�a en colaborar con la fiscal�a del organismo judicial y/o constituirse en parte querellante, denunciando los entretelones de la determinaci�n que llev� a cometer tales abusos.

A tiempo de la reciente juramentaci�n de la abogada de Gambia, Fatou Bensouda, (seg�n TIME una de las 100 personas m�s influyentes del mundo) como fiscal de la Corte, el director de Human Rights Watch, Richard Dicker manifest� que: �Su liderazgo ayudar� a avanzar en los casos, construir puentes con las v�ctimas  y empujar a los pa�ses a apoyar  la aplicaci�n imparcial de la ley para que el trabajo se haga�. Obviamente se refer�a a Siria, uno de nuestros aliados que, como en Libia, la defensa de los derechos humanos est� muy cuestionada, como lo que se colige de la carta de Chac�n a Sacha sobre Chaparina.