Todo poder es una violencia ejercida sobre la gente, deca Mijal Bulgkov. Max Weber pensaba que el ejercicio del poder conlleva toma de decisiones que afectan la vida de los otros mediante el uso de la fuerza y la coercin, pese a la resistencia de stos.
Joaqun Estafana, en su libro El poder en el mundo lo define como dominio, facultad, superioridad, imposicin de una voluntad sobre otras y conspiracin contra el dbil. Para hacerlo efectivo los hombres se sirven de palabras para justificar sus injusticias, apelan a la manipulacin, al temor y siembran miedo. Su dinmica se asienta en la capacidad de controlar las emociones de sbditos o ciudadanos, y de ah se puede hablar de los estados del poder, que no son precisamente los tres conocidos poderes del Estado -Legislativo, Ejecutivo y Judicial- en regmenes democrticos con independencia entre cada uno de ellos.
Los estados a los que nos referimos son las formas cmo se ejerce el poder y las consecuencias que generan. En el gobierno de Evo Morales apuntan a la violencia ejercida sobre la gente, a imponer su voluntad sobre otras, a afectar la vida de los otros, mediante el uso de la fuerza y la coercin para justificar las injusticias. As dominan Morales y sus hombres, pues sus mandatos son de obediencia obligatoria, pese a que una o gran parte de la sociedad se resiste a esas decisiones.
En ese marco, retomo el juicio o complot terrorista-separatista, contra 39 acusados sin haber cometido ninguno de esos delitos, pero que ha afectado la vida de todos ellos y su familias durante 4 aos, a pesar de su resistencia. A pesar de que se declaren autonomistas y no terroristas, se les niega el derecho a la legtima presuncin de inocencia y se viola el debido proceso, ya que los supuestos delitos se habran cometido en Santa Cruz de la Sierra y, sin embargo, los juzga un tribunal de La Paz. Antes, en el mismo caso, el gobierno ejerci violencia extrema cuando asesin extrajudicialmente a tres extranjeros, uno de ellos presunto lder de la clula terrorista-separatista, Eduardo Rzsa Flores, sin respetar el derecho a la vida, en abril de 2009.
Durante el juicio, cuando la defensa de los acusados con graves problemas de salud invocaron ese derecho, la respuesta del fiscal Sergio Cspedes ofendi y ofende las conciencias democrticas boliviana y del mundo: en Bolivia el derecho a la vida ha sido sustituido por el grito Patria o Muerte sentenci. Las pruebas de tamaa aberracin remiten a varios hechos: a los muertos de Calancha cuando se aprob la Constitucin sin tomar en cuenta la pluralidad poltica; a los 12 muertos de Porvenir en un enfrentamiento promovido por el oficialismo para derrocar al prefecto autonomista, Leopoldo Fernndez, preso hace cinco sin sentencia; a los tres muertos del Hotel Las Amrica; y a la represin salvaje en Chaparina durante la IX marcha indgena para preservar su hbitat contra el proyecto de una carretera que partir en dos una de la mayores reserva de la biodiversidad en el Continente sudamericano.
Habr que recordarle a Morales lo que dijo en su mensaje presidencial el 22 de enero de 2006: mi gobierno ser y va a ser un gobierno sin muertos. Pero van muchos ms de los aqu enumerados.
Si antes la Oficina de Naciones Unidas y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos y su representante, Denis Racicot, fueron complaciente con las actitudes antidemocrticas del gobierno frente a la oposicin poltica, hoy Racicot tiene razn cuando afirma que la justicia boliviana sufre una profunda crisis. La actual, ms all de todas las falencias y crisis pretritas, remite a la subordinacin total del poder judicial y de la administracin de justicia al poder poltico, con denuncias comprobadas de corrupcin, extorsin, cohecho, prevaricato y otras anomalas frente a lo que deber ser un probo ejercicio del derecho.
Morales y sus hombres vulneran la independencia de poderes e inventan guillotinas judiciales para aplastar-aniquilar a la oposicin poltica y sus dirigentes alcaldes, gobernadores, asambleistas, concejales- que ganaron sus cargos en elecciones democrticas, pero que representan escollos a su proyecto de copamiento poltico-territorial. Lo mismo han hecho con los indgenas y grupos tnicos del Oriente boliviano, que ms pronto que tarde comprobaron que el discurso indigenista fue una grosera impostura, como la defensa de la madre tierra.
Hoy, la funcin represiva del poder aprueba la Ley Fuga para combatir la tarea de sicarios que matan por encargo y amenazan a Santa Cruz con emular otras ciudades donde el crimen organizado y la inseguridad ciudadana hacen estragos y dejan a la sociedad en completa indefensin. Amn de retrgrada, la Ley Fuga, pretende luchar contra esa violencia aplicando ms violencia, mientras obvia el origen del delito: el narcotrfico, que se alimenta del creciente cultivo de hoja de coca excedentaria, permitida por el gobierno con un ojo medio abierto y el otro cerrado. As, niegan la presencia de pequeos clanes del narcotrfico que operan en el pas, mientras Morales sigue siendo presidente de las federaciones de campesinos cocaleros, productores de la materia prima de la cocana: la hoja de coca.
Dominacin, violencia ejercida sobre la gente, decisiones que afectan la vida de otros, pese a su resistencia, conspiracin contra el ms dbil y superioridad coercitiva que justifica las injusticias: esos son los estados del poder en la Bolivia de Morales.
