El 24 de enero 2014 era el plazo obligatorio que tena el Gobierno para presentar la propuesta de Pacto Fiscal y llegar a un acuerdo poltico entre el gobierno central, las gobernaciones, las alcaldas, las autonomas indgenas y las universidades pblicas. Ese Pacto deba ser una distribucin justa de los recursos econmicos, sobre la base del nmero de habitantes del ltimo censo y los ndices de pobreza. Vencida la fecha, ya se sabe que el nuevo pacto solo tendr lugar en 2015, luego de las elecciones de 2014, en una demostracin ms de la fase regresiva del estado de la democracia en Bolivia, donde solo decide el autcrata Evo Morales, centralista sin concesiones.
El argumento de que el gobierno carece an de los datos finales del Censo Nacional de Poblacin y Vivienda 2012, no merece ms respuesta que la dicha por el sabio ventero, en Don Quijote de la Mancha: A otro perro con ese hueso como si yo no supiese cuntas son cinco, y a dnde me aprieta el zapato.( Captulo XXXII). Es decir, no nos creemos el embuste; no somos tontos y su negativa a una nueva redistribucin de ingresos, es sencillamente porque el rgimen est en millonaria campaa electoral y no le conviene una nueva redistribucin, que acarreara recortes en algunos gobiernos departamentales y alcaldas, lo que puede restarle votos. Reclamar ese Pacto Fiscal no es una bandera electoral de la oposicin ni de los gobiernos intermedios, como apunta la ministra de Autonomas, sino un derecho constitucional, mxime si los nicos polticos en adelantada campaa electoral contra toda norma, son sus conmilitones.
Con la actual distribucin, el poder central administra el 89% de los recursos del Estado como si fuesen de su propiedad, de ah que no rinde cuenta de los gastos en la gestin pblica. Solo el magro 11% restante, es lo que distribuye violando el criterio de reparto equitativo entre los gobernaciones, municipios y el sistema universitario. La pregunta inevitable, entonces, es para qu la autonoma inscrita en la Constitucin Poltica del Estado (CPE); para qu la Ley Marco de Autonomas que estipula la redistribucin segn los datos del ltimo censo; para qu la exigencia de adecuacin de estatutos a la CPE, si el Estado Plurificciones y Pluri-imposturas la viola al revs y al derecho?
Hoy ms que nunca sabemos el por qu de la negativa a las autonomas y la guerra que implement el rgimen contra ellas. La autonoma no dividi al pas, como acusaban a los lderes autonomistas, sino que divide el poder centralista y los recursos que Morales maneja a libre arbitrio.
