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Para que en un pas exista un aumento de emprendimientos formales y una mayor productividad lo cual trae consigo mayores empleos y gente con salario, es importante contar necesariamente con certeza jurdica y seguridad jurdica.
La certeza jurdica consiste en saber a qu atenerse basado en el conocimiento de la ley. El saber a qu atenerse es conocer los derechos y los lmites de actuacin que la ley otorga (saber lo que es permitido y lo que no lo es). A diferencia de la seguridad jurdica, el cual es un principio constitucional (de mayor rango normativo) que involucra tanto la previsibilidad de las reglas de juego como la calidad institucional; pues en sentido amplio implica la eficacia en el cumplimiento de las disposiciones legales, esto es, el respaldo de los poderes ejecutivo, judicial y legislativo a los derechos y deberes que tienen las personas en virtud de la ley (calidad institucional).
En lo concerniente a la Resolucin Ministerial N 418/15 de fecha 17 de junio de 2015, mediante el cual se instruye el aumento salarial para el sector privado de 8,5%, en ningn momento cumple con los dos postulados antes mencionados, porque adems de vulnerar la seguridad jurdica menos an es capaz de generar certeza jurdica.
El principio de legalidad o primaca de la ley es un principio fundamental al cual todo ejercicio del poder pblico debera estar sometido a la voluntad de la ley, no as de las personas.
Cabe mencionar que dicha resolucin ministerial se encuentra mal redactada dado que carece de un lmite para la aplicacin del incremento. Se limita a decir que aplica a los contratos del 2015, inclusive para quienes estn en periodo de prueba.
Otro aspecto cuestionable es la falta de tiempo para adecuarse a dicha resolucin ministerial. Esa resolucin ministerial al parecer es exhibida justo dos das antes del plazo final. Esta situacin obliga a los que ya hicieron su convenio, a realizar un convenio complementario haciendo mencin de esto, para pagar el retroactivo, pagar los aportes de seguro social, AFPs, etc.
Esta resolucin es catastrfica desvirta el propio concepto de aumento salarial para la gestin porque este se sobrepone a la gestin anual que va de enero a diciembre y por ende todas las empresas se ven afectadas puesto que las sorprende sin esa previsin y sobretodo sin tiempo para adecuarse.
Todas las empresas y/o emprendimientos formales corren el riesgo de que en noviembre de este ao, algn trabajador contratado en agosto del presente ao, pueda pedir su aumento salarial del 8,5% y de esa manera exigir su doble aguinaldo con el aumento respectivo, por ende tal situacin, obligara al empresariado que en sus nuevos contratos coloquen un haber bsico haciendo el incremento del 8,5% y al no estar esto previsto afectara a su giro anual empresarial.
Una muestra de falta de certeza jurdica es cuando nos hacemos las siguientes preguntas: Los emprendimientos formales se encuentran actualmente en condiciones de hacer dicho incremento? y en qu queda el principio constitucional de la seguridad jurdica, teniendo en cuenta que nada de esto estaba presupuestado por parte de las empresas para la presente gestin?.o Que impide que maana se diga que se debe pagar un aumento salarial del 9%, 10%, 11% o un aguinaldo cada mes?. Con semejante situacin, nadie sabra a qu atenerse y menos an existira previsibilidad de las reglas de juego.
Esta situacin de imprevisibilidad por la va de los aumentos salariales discrecionales, etc., es contraproducente porque pueden darse dos escenarios: 1) "destruir empleos" o en su defecto, 2) "afectar a los precios", esto es,provocar una subida indiscriminada del IVA dirigida a financiar un aumento del gasto pblico. Como vemos, ambos casos son rotundamente perjudiciales para la economa formal y para el bolsillo de todos los ciudadanos.
Recordemos al economista Thomas MaCurdy que en marzo de este ao, en el Journal of Political Economy, seal los efectos del incremento del salario mnimo en aquellos casos en los que no afecta al empleo sino a los precios.
En concreto, MaCurdy se plantea cules fueron las consecuencias de la subida del salario mnimo estadounidense desde 4,25 dlares la hora a 5,15 dlares la hora en 1996. Para averiguarlo, calcula en primer lugar quines fueron los receptores de la subida del salario mnimo nacional y luego estima quines soportaron su coste y, por ltimo, extrae el resultado neto.
Asimismo, el economista Juan Ramn Rallo, explica que MaCurdy pone de manifiesto que la distribucin de familias con al menos un miembro cobrando el salario mnimo es bastante uniforme en todos los quintiles de renta: es decir, aproximadamente hay el mismo porcentaje de familias pobres que de familias ricas con miembros percibiendo el salario mnimo nacional. De esta manera cuando se decide subir el salario mnimo, los beneficios se distribuyen a partes iguales entre familias ricas y pobres.
Rallo advierte que extrapolando con cautela los resultados del caso estadounidense, cuando el salario mnimo no destruye empleo equivale a una subida indiscriminada del IVA dirigida a financiar un aumento del gasto pblico repartido cuasi uniformemente entre menos del 25% de la poblacin (con independencia de sus niveles de renta). Apoyara usted una poltica fiscal de este tipo? Subira el IVA a toda la poblacin para repartir un aguinaldo entre uno de cada cuatro ciudadanos, incluyendo entre ellos a los ms ricos? Si la respuesta es que no, entonces tampoco debera defender muy probablemente los aumentos de salario mnimo.
En ese contexto, Bolivia para conseguir un slido y sostenido proceso de crecimiento, ms que estar pensando en provocar inflaciones impuestos o impuestos encubiertos a travs del aumento salarial o dobles aguinaldos acompaado de recesin depende del aumento de la inversin productiva, pues es en realidad sta ltima la que permite ampliar la frontera de posibilidades de produccin, aumentando el nivel de produccin de bienes y servicios en el futuro.
Para evitar confusiones, debemos diferenciar entre inversin productiva e inversin de consumo; por ejemplo, el rubro Construcciones incluye el valor de las construcciones ejecutadas en viviendas y multiviviendas (propiedad horizontal), lo cual es un bien de consumo durable ms que una inversin productiva. De manera similar ocurre con la importacin de telfonos celulares y de grupos electrgenos, los cuales tampoco son inversin de calidad sino que buscan evitar su cada, dadas las limitaciones actuales al suministro elctrico (crisis energtica). Por lo tanto, resulta imprescindible que Bolivia enfoque su mayor atencin en la bsqueda de inversin productiva ms que de consumo.
Se considera que una inversin es productiva, cuando el dinero se destina a la adquisicin, renovacin, y mejoramiento de bienes para que generen nuevos bienes y servicios, que beneficien a la sociedad, por ejemplo, es todo aquel dinero que utilizas para generar bienes o servicios, y stos a su vez generen empleos directamente por tu inversin (contratar gente para tu empresa), etc.
Por inversin se entiende el ahorro presente destinado a una mayor produccin de bienes y servicios en el futuro.
En ese orden de prioridades es tambin de imperiosa necesidad que nuestro pas incluya la inversin en educacin, toda vez que es uno de los aportes fundamentales a la construccin de capital humano, pues resulta ser cada vez ms importante en las modernas economas basadas en el conocimiento. En ese sentido, deberamos centrar nuestros esfuerzos en incentivar la inversin en ciencia, educacin, investigacin y tecnologa con el fin de lograr mayores ingresos, ms crecimiento, menor desigualdad; teniendo como ejemplo de desarrollo a las naciones asiticas como Japn, China, Singapur e India; mxime si Bolivia se encuentra entre los ltimos pases de Amrica Latina en el ndice de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Cabe hacer notar que al igual que las personas, los pases no se enriquecen porque inviertan mucho sino porque invierten bien. La oferta de bienes y servicios con calidad y en cantidad no se logra nicamente con inversin pblica sino que se requiere de suficiente inversin privada y para esto, se necesita fomentar las actividades de inversin nacional y extranjera.
Parafraseando al economista Thomas Sowel resulta que "el deseo de los emprendedores formales (empresarios) de obtener ganancias es lo que hace bajar los precios, a menos que la actividad gubernamental impida la competencia".
En ese sentido, para poder captar inversin productiva de calidad es de vital importancia brindar ante todo seguridad jurdica a las personas y a las empresas privadas.
Esa seguridad jurdica se empieza por cumplir la Constitucin, respetar la divisin e independencia de poderes, de que existan reglas claras y que stas sean verdaderamente respetadas por los servidores pblicos, debiendo ser las principales autoridades quienes deban dar el ejemplo de respeto y cumplimiento evitando legislar por decreto lo cual constituye un atropello en un Estado social y democrtico de Derecho; asimismo, se requiere una ley de inversin que respete y proteja derechos y garantas constitucionales, como ser la propiedad privada, la libertad individual, etc.; urge la menos judicializacin de la poltica, ms proteccin efectiva de todos los derechos humanos y de las libertades, ms equidad de gnero, ms seguridad jurdica, una democracia representativa ms slida, ms confianza y menos corrupcin.