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El domingo 20 de enero, el presidente del pas anunci pblicamente que pedir a la Asamblea Legislativa la abrogacin del Cdigo del Sistema Penal, por lo tanto, de aprobarse tal situacin, eso implica que deber promulgarse una ley abrogatoria.
Como el Cdigo del Sistema Penal (CSP) se encuentra en suspenso de aplicacin por 18 meses, manteniendo actualmente vigencia los Cdigos: Penal y de Procedimiento Penal, el Legislativo slo tendra que redactar y aprobar una ley abrogatoria del CSP. Los Cdigos Penal y de Procedimiento Penal siguen vigentes.
Sobre los delitos que pretendi eliminar el CSP quedan sin efecto porque el CSP no ha eliminado ningn delito, la disposicin transitoria segunda solo dispuso la cesacin de la persecucin para los que ya no iban a ser delitos y en consecuencia eso slo correra desde el tiempo que se promulg el CSP hasta su abrogacin, es decir: "los delitos no estn eliminados", por tanto, mantendran plena vigencia.
En el hipottico caso de que se hubiera solicitado la aplicacin anticipada de la disposicin transitoria segunda del CSP en los procesos judiciales actualmente en curso y sta hubiera sido aceptada y adquirido calidad de cosa juzgada, slo y nicamente en ese caso preciso mantendra vigencia dicha resolucin judicial por principio de ultractividad de la ley.
Una vez abrogado el CSP no es cuestin de que los servidores pblicos exijan a la sociedad civil de que en tiempo record presenten propuestas, una nueva ley, etc.; por cuanto no solo es muy difcil sino hasta sera abusivo exigirle tal situacin a un colectivo abstracto.
Lo correcto, es ms bien lo contrario, es decir, que la sociedad civil exija a los servidores pblicos que rindan cuentas sobre el tiempo empleado, los gastos que han incurrido para la elaboracin y promulgacin de aquel CSP que ha sido aplazado dada la vulneracin que ha existido al debido proceso legislativo por su no socializacin, la falta de encaje constitucional del mismo, entre otras situaciones ms. Un nuevo proyecto de ley implica un nuevo trabajo, contratacin de especialistas, socializacin, etc., esto es, realizar todava an ms gasto pblico.
La sociedad es el conjunto de individuos que ejercen sus libertades, entre ellas la libertad expresin y de acceso a la informacin, lo cual a su vez posibilitan un mejor control social.
Cabe mencionar que la libertad es un valor esencial e imprescindible del sistema democrtico. En un Estado social y democrtico de Derecho, la libertad constituye un principio bsico orientador de la vida social y el accionar poltico.
Los Pactos Internacionales, como ser el artculo 13 de la Convencin Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y las Constitucionales de los Estados democrticos constitucionales de Derecho, garantizan la libertad de expresin y de informacin, sealando expresamente que nadie puede ser molestado o perseguido por razn de sus ideas u opiniones, ni discriminados a causa de las mismas sumado al derecho de acceder a la informacin veraz.
En ese sentido, existen tres elementos bsicos en la libertad de expresin y de informacin, a saber: libertad ideolgica, libertad y derecho a recibir informacin (en ella se encuentra la libertad de prensa) y libertad de expresar la propia opinin sin temor a represalia.
Dada esta experiencia (de leyes no socializadas) y ms an cuando se ha anunciado que se vienen ms leyes, se debera exigir a los asamblestas, diputados y senadores, especialmente a las minoras polticas que conjuntamente con la participacin de la prensa, se mantenga informada a la ciudadana de cualquier proyecto de ley que se desee tratar en el Legislativo, haciendo entrega de los textos oficiales de todo proyecto de ley a las organizaciones representativas de la sociedad civil (ni bien sean estas presentadas a la Cmara de Diputados para su anlisis), permitiendo que la ciudadana haga una lectura de las circunstancias, vele por un debido proceso, normas claras, precisas, no ambiguas, y proteja sus libertades individuales.
De la lectura de los sucesos se evidencia que la sociedad movilizada en todas las ciudades de Bolivia, ejerciendo su libertad de expresin y de control social, no slo reclama la abrogacin del CSP sino tambin est exigiendo el respeto a su derecho a vivir en democracia, esto es, que se cumpla la decisin de los referndums del 25 de enero de 2009 y del 21 de febrero de 2016; en otras palabras, lo que pide es que el actual presidente del pas renuncie a sus pretensiones de ser candidato para la prxima eleccin nacional o en su defecto, han anunciado que pedirn su inhabilitacin como candidato presidencial.