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En esta danza surrealista de cabriolas polticas, a la que nos tiene acostumbrado el rgimen masista desde la Argentina, donde radica el lder cocalero, se coordina una estrategia de campaa electoral consistente en desestabilizar al gobierno de la presidenta Aez, apelando a una de las armas ms arteras, como es la de utilizar los dos tercios de la Asamblea Legislativa, que se le preserv graciosamente, para censurar a sus ministros msnotables, como ocurri con el ministro de Defensa.
De hecho, dicha censura no habra surtido ningn efecto, ya que la autoridad que se quiso censurar no se hallaba presente en el hemiciclo parlamentario, como manda la Constitucin para este tipo de casos, por encontrarse en el interior del pas atendiendo los desastres naturales ocasionados por las ltimas lluvias y, por tanto, ante dicha irregularidad la ratificacin presidencialera procedente.
Sin embargo, aduciendo el fiel cumplimiento de la Constitucin, la presidenta asumi la determinacin del poder legislativo, dejando sin efecto la designacin del hasta hoy ministro de Defensa, para no incurrir en las prcticas del rgimen pasado que, durante los 14 aos que dur su autocracia, ningn miembro del gabinete fue censurado, como fue el caso de la exministra Nemesia Achacollo, que por el contrario, sali con vtores y aplausos del Hemiciclo parlamentario, pese a los graves y probados cargos de corrupcin en el Fondo de Desarrollo Campesino.
No quepa la menor duda que, desde el principio de este gobierno, el ministro Luis Fernando Lpez se constituy en el blanco de los bandidos que se apoderaron de las tierras aptas para el cultivo de la coca y el procesamiento de la droga, como El Chapare, convertido en un Estado dentro del nuestro, cuya inexpugnabilidad pareca inquebrantable. Algo similar aconteci con el famoso aeropuerto de Chimor, al que los bolivianos slo conocamos por rumores. Hoy, esos mitos cayeron, fruto de la determinacin y valenta del ministro cesado,se plasmaron en realidad, y sin el peligro de ser uno asesinado por el solo hecho de visitarlos.
Ha quedado claro que la burda estrategia se mantiene vigente, y que los facciosos no dudaran en volver a la carga manteniendo en capilla a otros ministros, con el objetivo de apartarlos de las averiguaciones que se tiene en curso, tanto en los estrados nacionales, como internacionales, por la comisin de varios delitos, como la violacin de los derechos humanos y su complicidad con el narcotrfico.
Huelga todo comentario sobre otros dignatarios de Estado, sobre cuyas cabezas pende la espada de Damocles por su bizarra lucha contra aquellas actividades delincuenciales que dej de herencia el prfugo. Es el caso del ministro Arturo Murillo que, en apenas 90 das,desarticulvarias clulas del narcotrfico, granjendose una prxima convocatoria al patbulo congresal, donde los pcaros remanentes de esas organizaciones criminales han fundado su Estado Mayor.
Como no hay inventor que no caiga en su invento, el artculo 158-18 de la CPE de 2009, creada por el MAS, si bien contempla la destitucin de un ministro censurado, no menciona nada sobre su destino luego de su despido, y menos prohbe su readmisin.