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La promulgación de la Ley 1709 no es un simple trámite administrativo ni un capricho legislativo de fin de semana; es, en esencia, la formalización de un cerco que la propia realidad ha terminado por cerrar. Durante años, el ejercicio del poder en la gestión de Luis Arce se manejó con una soltura que hoy, con el exmandatario tras las rejas, empieza a pasar una factura que nadie en su gabinete parece estar dispuesto a pagar.
El concepto es claro: los excolaboradores de Arce están acorralados. Y no lo están por una persecución antojadiza, sino por el peso de sus propias acciones durante el ejercicio del mando. La celeridad con la que se ha sellado este "candado de seis meses" responde a una urgencia nacional: evitar que la rendición de cuentas se escape por las fronteras. Mientras se rumorea que 80 funcionarios ya cruzaron la línea en un silencio cómplice, para los que se quedaron, el margen de maniobra se ha reducido a cero.
Es revelador que el presidente Rodrigo Paz haya firmado esta ley en una soledad ministerial evidente, con apenas dos rúbricas acompañándolo. Ese vacío en el papel crea muchas preguntas como porque solo dos ministros firmaron? pero no estamos para cuestonar eso, sino para destacar que no habrá exautoridades que salgan por las terminales aéreas como si de turistas se tratara.
Bolivia ya no tolera fugas de madrugada ni exilios dorados. La justicia tiene ahora una herramienta para garantizar que quienes manejaron el Estado respondan en los tribunales y no mediante comunicados desde el extranjero. Los que se creyeron intocables hoy descubren que las fronteras se han vuelto muros.
Estar acorralado es la consecuencia lógica de haber gobernado con opacidad. Hoy, la Ley 1709 simplemente pone el candado a una puerta que ellos mismos, con su gestión, ya habían condenado.
* Director Hoybolivia.com