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Bolivia ha sido secuestrada durante más de cuarenta días por una mafia política y sindical. Bajo la cínica fachada de reclamos sectoriales, han desatado una crisis humanitaria sin precedentes. Lo que en mayo de 2026 inició como una movilización de la COB y los gremios ante la innegable escasez de dólares y combustibles, fue rápidamente cooptado por facciones leales al expresidente Evo Morales. El objetivo mutó hacia un chantaje de Estado que exige la renuncia del presidente Rodrigo Paz, utilizando los bloqueos de carreteras como armas de destrucción masiva contra la población civil y desafiando con soberbia tanto los operativos de despeje como la reciente aprobación de la Ley del Estado de Excepción.
El daño patrimonial constituye un verdadero delito de lesa humanidad contra el bolsillo y el futuro del pueblo. Según los analistas, las pérdidas superan los 3.300 millones de dólares entre la industria y el turismo, sin contar la incuantificable ruina de pequeños productores, gremialistas, trasnportistas y profesionales independientes que vieron cerrar sus emprendimientos por este estrangulamiento económico. Mientras tanto, en las ciudades cercadas se impone un mercado despiadado donde el hambre campante ha triplicado el precio de los alimentos, convirtiendo un simple pollo en un lujo inaccesible de 120 bolivianos para las familias más pobres.
Frente a este terrorismo de Estado perpetrado por civiles armados que aíslan a las capitales y generan un daño irreparable a los intereses nacionales, resulta inaceptable que la Procuraduría General del Estado (PGE) observe con absoluta pasividad. Su inacción permite que los violentos queden libres y sin responsabilidad por sus actos.
La PGE no puede ser un mero espectador pasivo; es el escudo jurídico del ius imperium. Al amparo de los artículos 229 y 231 de la Constitución Política del Estado (CPE), y expresamente facultada por el artículo 8 numeral 17 de la Ley Nº 064 (modificada por la Ley Nº 768) y el Decreto Supremo Nº 2739, la PGE tiene el mandato ineludible de constituirse como sujeto procesal de pleno derecho en causas penales por terrorismo, sabotaje, destrucción de bienes públicos y otros, actuando como parte civil y coadyuvante estratégico del Ministerio Público.
Para el cumplimiento de este mandato, la PGE tiene facultades de accionar en tres ejes fundamentales:
La PGE está facultada y obligada a instar al Ministerio Público a elevar las imputaciones penales y, simultáneamente, ejercer la acción civil resarcitoria de oficio. El derecho a la protesta jamás puede opacar ni justificar la anulación de la supremacía constitucional. Por tanto, la PGE debe promover el embargo y la ejecución patrimonial de los autores materiales, intelectuales y financiadores de los bloqueos, garantizando que la impunidad de estas medidas de hecho no termine por socavar el Estado de Derecho.
En medio de esta grave crisis de mayo y junio de 2026, se ha evidenciado una inaceptable complicidad institucional por parte del Vicepresidente, ciertos legisladores y el Defensor del Pueblo. Estas autoridades han intentado forjar un cínico escudo de impunidad para proteger acciones que desbordaron el legítimo derecho a la protesta, precipitándose hacia el vandalismo y el terrorismo. Mientras ciudades enteras son secuestradas, pacientes morían por falta de asistencia médica y la Policía era atacada con explosivos y armamento de guerra, estos funcionarios ejecutan una perversa distorsión de los derechos humanos; calificando de "represión" al legítimo restablecimiento del orden constitucional y tildaron de "persecución política" a las detenciones flagrantes de vándalos.
Lejos de garantizar la paz social, el Vicepresidente legitimó el caos al exigir el cese de los operativos policiales, buscando blindar a los bloqueadores frente un eventual Estado de Excepción. Simultáneamente, legisladores afines, como el senador Nilton Condori, no solo condicionaron el diálogo a la amnistía de delincuentes, sino que participaron activamente en el sostenimiento de los cercos que asfixiaban a la población, minimizando el uso de dinamita como mera "resistencia". Por su parte, la Defensoría del Pueblo guarda un silencio cómplice, enfocándose exclusivamente en las garantías de los agresores y omitiendo su deber constitucional de defender a los millones de víctimas del desabastecimiento ocasionado por los bloqueadores.
Estas posturas constituyen una abierta parcialización a favor de quienes destruyen la economía de los hogares y de la Patria. Utilizar la retórica de los derechos humanos para justificar el estrangulamiento económico, el saqueo y el secuestro de rutas convierte a estas instituciones en cómplices necesarios de quienes buscan destruir el Estado de Derecho. El derecho a la protesta muere donde comienza el derecho a la vida, y el Estado no puede permitir que sus propias autoridades otorguen impunidad a quienes ejecutan actos de terrorismo contra el pueblo boliviano.
La crisis desatada por los bloqueos de carreteras en Bolivia trasciende la mera protesta social; se ha consolidado como un acto de extorsión nacional y terrorismo que ha cobrado vidas, paralizado la economía con pérdidas superiores a los 3.300 millones de dólares y vulnerado derechos fundamentales como la salud, la alimentación y el libre tránsito. Frente a esta agresión, la inacción de la Procuraduría General del Estado (PGE) resulta inadmisible. La normativa vigente, desde la Constitución hasta la Ley Nº 064 modificada por la Ley Nº 768, le otorga el mandato ineludible y las herramientas jurídicas para actuar como sujeto procesal de pleno derecho.
La PGE debe abandonar su pasividad, coadyuvar con el Ministerio Público para elevar las imputaciones por delitos contra la seguridad del Estado y ejercer la acción civil resarcitoria de oficio, buscando el embargo de los bienes de los autores materiales, intelectuales y financiadores de este caos político deliberado. Asimismo, es imperativo señalar la grave complicidad de autoridades como el Vicepresidente, ciertos legisladores y el Defensor del Pueblo, quienes, bajo una perversa distorsión de los derechos humanos, han construido un escudo de impunidad para los violentos. El Estado de Derecho no puede sobrevivir si sus propias instituciones legitiman el vandalismo. Exigir justicia, reparación integral del daño y el fin de la impunidad no es solo un deber legal de la PGE, sino una obligación moral para preservar la democracia, la economía y la vida de los bolivianos.
*El Autor es Abogado y Mgtr. De Gestión Publica Judicial
