Los derechos humanos en la encrucijada

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La situación de los derechos humanos en Bolivia se ha agravado en varias áreas durante los últimos años. Un documento de referencia importante es el informe emitido en marzo pasado por la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado norteamericano, con un balance correspondiente al año 2009.

El informe subraya la existencia de ejecuciones ilegales (caso Hotel Las Américas), torturas, detenciones arbitrarias, asesinatos amparados en la mal llamada “justicia comunitaria” y amenazas a la libertad de prensa.

En el acápite dedicado a la “Privación arbitraria o ilegal de la vida” se indica que las fuerzas de seguridad mataron a tres presuntos terroristas internacionales que según la oposición “fueron reclutados por el propio gobierno o rápidamente infiltrados”. Se acota que el presidente Evo Morales rechazó los pedidos de los gobiernos de Hungría, Irlanda y Croacia para llevar a cabo una investigación internacional del caso.

El informe es particularmente duro en lo que respecta a la “justicia comunitaria”, a la que define como una “violencia de turbas que a menudo conduce a muertes violentas”. Se reportan 14 casos de estos hechos a lo largo del año pasado.

El documento agrega que “no hay avances en la investigación de las muertes ocurridas en septiembre de 2008 en Porvenir y Cobija, cuando 11 individuos murieron en la confrontación entre una marcha de campesinos y ciudadanos de Porvenir, y otros dos fueron asesinados al día siguiente cuando fuerzas de seguridad tomaron el aeropuerto de Cobija”.

Se refiere la existencia de un video que muestra la toma de rehenes por parte de los marchistas, los intentos de los ciudadanos de Porvenir por disuadir mediante el diálogo la entrada de los campesinos en esa localidad, las fallas en la actuación de la Policía y el fuego cruzado entre ambos bandos.

En materia de “Torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes” se reportan abusos de las fuerzas de seguridad en el denominado “caso Rozsa”, sobre la base de fotografías que muestran heridas en el cuerpo y el rostro de los detenidos Elod Toaso y Mario Tadic.

Otro caso consignado es el ataque sufrido por Jeniffer Wissemberg, esposa del general César López, quien sufrió daños severos en sus ojos por una brutal agresión de desconocidos luego de que su marido inculpara al ex ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, en el caso de contrabando de los 33 camiones. 

También se registran las agresiones sufridas en los Yungas por la disidente del MAS Marlene Paredes, el ataque a familiares del ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas y la toma violenta de su casa, así como el flagelamiento sufrido por el dirigente indígena Marcial Fabricano a manos de partidarios del presidente Evo Morales.

En el ítem “Arrestos arbitrarios” se describen los casos de Betty Aponte Justiniano, detenida durante 21 horas por insultar al ex ministro Quintana, así como los apresamientos irregulares de Jorge Melgar Quete y Reinaldo Bayard. La sección de “Prisioneros políticos” también detalla el caso del derrocado prefecto de Pando, Leopoldo Fernández.

El informe advierte sobre la interrupción del funcionamiento del Tribunal Constitucional, que no ha permitido fallos de ese órgano sobre “actos cuestionables del gobierno”.

En materia de “Libertad de expresión y de prensa” se indica que el gobierno mantiene una relación de enfrentamiento con los medios de comunicación. Se recogen denuncias de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), donde se habla de 112 ataques a periodistas. Igualmente, se mencionan la agresión policial contra un camarógrafo y la explosión de una bomba en el periódico El Potosí.

El documento señala la continua tensión entre el gobierno y la Iglesia Católica, incluyendo comentarios del presidente Evo Morales donde califica a la jerarquía eclesiástica como “enemiga”.

Si todo lo anterior ya es más que suficiente para poner en rojo el balance de los derechos humanos en el país, la reciente campaña de detenciones contra opositores desatada en el 2010 proyecta una sombra aún más preocupante sobre la protección de las garantías y libertades civiles de los bolivianos.

* Escritor y periodista.