- América
- 2020-11-08
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Página Siete.- La Cámara Boliviana de Transporte Nacional e Internacional (CBT) se declaró en emergencia y advirtió con tomar medidas de presión si no se abroga la Resolución Ministerial 328 y se crea la Dirección General de Transporte Terrestre, debido a los problemas institucionales que atraviesa el viceministerio de Transportes. La disposición ministerial aprueba el reglamento para el otorgamiento de las rutas y frecuencias internacionales. Además, los transportistas exigieron la postergación de la reunión bilateral Bolivia-Argentina, hasta que se lleve a cabo una “apropiada preparación”. “La CBT, máximo ente representativo de los transportistas de carga y pasajeros, exige postergar la próxima reunión bilateral con Argentina, la inmediata abrogación de la Resolución Ministerial 328 y la creación de la Dirección General de Transporte Internacional Terrestre. Si el Ministerio de Obras Públicas no considera positivamente los puntos demandados, el sector anuncia declararse en estado de emergencia y asumir medidas de presión”, señala un comunicado publicado por la institución. El voto resolutivo de la CBT da cuenta de que existe una gestión “deficiente, irresponsable y hasta irregular” de la Dirección de Transporte del Viceministerio de Transportes, asimismo, se denuncia que funcionarios de esta repartición estatal no tienen los conocimientos técnicos y legales necesarios para cumplir sus deberes. “Todo esto causa un grave perjuicio en este sector estratégico para el desarrollo del país”, se menciona en el comunicado. Irregularidades De acuerdo con el documento, los transportistas denunciaron ciertas “irregularidades” en la asignación de rutas internacionales a determinadas empresas nacionales, mediante las cuales se favoreció de forma indebida a algunos operadores de transporte, como concluye el Informe INF/MOPSV/UT 0036/2019 emitido por la Unidad de Transparencia del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda. “En este caso, en el indicado Informe de Transparencia se identifica a tres funcionarios involucrados en los supuestos hechos irregulares, enmarcados en el delito de uso indebido de influencias”, se detalla. Sin embargo, según ejecutivos de la CBT, aún no se tiene conocimiento del inicio de las acciones legales correspondientes por parte del ministerio del sector. Asimismo, la CBT evidenció que se pudo verificar que la directora general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Obras Públicas Servicios y Vivienda no se encuentra registrada en el Registro Público de Abogados, lo que le impediría de ejercer cargos públicos por incumplimiento de requisitos, como se lee en el pronunciamiento del sector.