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- 2024-09-07
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Correo del Sur.- El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Ricardo Torres, calificó la noche de este miércoles de “inconstitucionales” los proyectos de ley de nombramiento de magistrados interinos que se alistan en la Asamblea Legislativa Plurinacional y denunció que el Congreso pretende arrogarse atribuciones que no le competen y copar los diferentes tribunales de justicia sin un respaldo constitucional, sino por acuerdos políticos.
Torres reaccionó de esa manera ante los proyectos de ley que las bancadas del oficialismo y la oposición vienen preparando con la intención de nombrar autoridades interinas en el TSJ, el Tribunal Agroambiental, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
En una entrevista en el programa “Que No Me Pierda” de la Red Uno, Torres dijo que los magistrados esperan que el 2 de enero de 2024 vuelva la certidumbre en torno a la falta de convocatoria a elecciones judiciales para sustituir a las actuales autoridades de las instituciones con sede en Sucre.
“Tiene que resolverse este tema, no puede generarse un vacío de poder, no puede haber una vacancia en los altos tribunales del Estado”, remarcó.
La autoridad se preguntó: “¿Quién resuelve el caos jurídico que se pueda generar a partir del 2 de enero de 2024?”. Y luego él mismo se respondió que no puede ser la Asamblea Legislativa, porque no tiene la facultad de elegir magistrados. Aclaró que este órgano del Estado solo tiene competencia para convocar a elecciones, hacer la preselección y remitir las listas al Órgano Electoral.
EN MANOS DEL TCP
Torres dejó en manos del TCP la interpretación constitucional para salir de esta incertidumbre en los altos tribunales de justicia del país y señaló que el Constitucional puede recurrir a algún precedente constitucional y, por conexitud, coadyuvar en la solución que requiere la crisis judicial.
“El único facultado para interpretar la CPE es el Tribunal Constitucional Plurinacional, que tiene la obligación de hacer respetar la Constitución y coadyuvar en la resolución de esta crisis que puede generar un vacío de poder a partir de enero de 2024”, enfatizó.
OTROS “INTERESES”
“Con estos proyectos de ley pretenden arrogarse atribuciones que no les competen, hablan de que la Asamblea Legislativa debe designar a las autoridades judiciales”, denunció. En su criterio, “son otras las intenciones” de los legisladores que plantearon esos proyectos de ley y acusó al sistema político de ser en gran parte el responsable de la crisis en sistema de administración de justicia y el Órgano Judicial.
“Lo recomendable es que respetemos la Constitución y que esta crisis se resuelva en el ámbito constitucional, no en el ámbito político, mucho más sobrepasando la CPE; y si así ocurre es porque hay intereses de copar los diferentes tribunales de justicia, porque no hay un respaldo constitucional más allá de una ley ordinaria, y seguramente (hay) acuerdos políticos al interior de la Asamblea Legislativa”, sentenció.
NO A SUPLENTES
Desde la bancada de Creemos en la Cámara de Senadores, el asambleísta Henry Montero manifestó que no existe la mínima posibilidad de que los suplentes asuman la titularidad, porque también concluyen su mandato de seis años.
Alistan proyectos en la Asamblea
El martes, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, anunció la presentación de una “ley corta” para designar como interinos a los suplentes de los actuales magistrados y así evitar que estos se prorroguen más allá del 2 o 3 de enero. Este miércoles, el diputado Oscar Balderas, de Comunidad Ciudadana (CC), presentó otro proyecto para que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) nombre autoridades interinas de entre los vocales, jueces y funcionarios judiciales.
En la misma línea, de evitar la ampliación de mandato de los actuales magistrados que el 31 de diciembre, el asambleísta Carlos Alarcón (CC) presentó el martes otro proyecto, de declaratoria en comisión de jueces y vocales, para cubrir provisionalmente los cargos vacantes.
La senadora chuquisaqueña Silvia Salame (CC) también hizo llegar un proyecto de ley corta que regula el funcionamiento administrativo y establece un periodo de transición en el Órgano Judicial y el TCP hasta la posesión de las nuevas autoridades. La legisladora plantea una norma que garantice el funcionamiento de las entidades del Órgano Judicial y del TCP.