Sector productivo y cívico de Santa Cruz se declara en emergencia ante medidas del Gobierno

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Erbol.- Sectores relacionados a la agroindustria de Santa Cruz, junto al Comité Cívico, se declararon este lunes en emergencia, ante lo que consideran políticas arbitrarias y contraproducentes del Gobierno, particularmente con la suspensión de exportaciones e intervenciones a ingenios.

“No permitiremos que decisiones políticas mal diseñadas debiliten aún más el tejido productivo del país”, dice el pronunciamiento.

El documento está suscrito por exportadores, industriales, sector comercial, Cámara de Transporte, la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), gremiales, y el Comité Pro Santa Cruz.

En el mismo expresan su rechazo al proyecto del Presupuesto General del Estado 2025, porque consideran que “atenta gravemente a la estabilidad macroeconómica, la seguridad alimentaria y jurídica de todos los bolivianos”.

También condenan las acciones del Gobierno de suspender unilateralmente las exportaciones de aceite y la “intervención abusiva” de los ingenios arroceros.

Señalaron que la represión y las restricciones económicas no garantizan el abastecimiento de alimentos, sino al contrario, obstaculizan la producción, desaceleran la economía y ponen en riesgo el acceso a productos básicos.

Según los sectores cruceños, prohibir las exportaciones de aceite e intervenir ingenios arroceros no reduce los precios de la canasta familiar, sino generan escasez e incertidumbre a los productores y comercializadores.

En ese marco, aseguran que la escalada de precios se debe a la falta de dólares y a un contexto de incertidumbre económica.

Denunciaron que, por casi dos décadas, las políticas restrictivas han limitado las exportaciones, han impuesto bandas de precios y han establecido cupos que, lejos de cumplir con su objetivo, han aumentado la dependencia de productos importados.

Ante ese escenario, piden “políticas fiscales, monetarias y cambiarias que corrijan el grave desequilibrio macroeconómico causado por las políticas erradas del Gobierno Nacional que por años han incentivado el contrabando”.

En concreto, los empresarios y cívicos cruceños rechazan el 2025, en particular la cláusula que permitiría decomisar productos. Asimismo, exigen seguridad jurídica para reactivar la inversión y fortalecer las cadenas productivas, además de solucionar definitivamente el desabastecimiento de diésel.