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- 2026-01-26
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El sistema judicial boliviano enfrenta uno de sus episodios más turbios con la detención preventiva del juez Hebert Zeballos. La medida, dictada por 120 días en el penal de Palmasola, responde a una investigación que vincula al magistrado con una supuesta estructura de tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación.
La acusación del Ministerio Público se sostiene sobre una hipótesis incendiaria: Zeballos sería el presunto socio capitalista de la empresa de seguridad Ebose S.R.L. En un reciente operativo en la Villa Primero de Mayo, agentes encontraron en los galpones de dicha firma un arsenal y cerca de 80 kilos de marihuana, lo que activó todas las alarmas sobre el rol del juez.
Aunque la defensa de Zeballos niega los cargos, los indicios presentados por la Fiscalía de Sustancias Controladas sugieren una conexión directa. Documentación empresarial hallada en el sitio del hallazgo y el testimonio de un guardia de seguridad apuntan al magistrado como el hombre detrás del negocio, una revelación que ha dejado en shock a la magistratura.
El caso cobra una dimensión aún más peligrosa al conectarse con el ingreso de las denominadas "narcomaletas" desde Estados Unidos en noviembre pasado. Según las investigaciones preliminares, existiría un nexo entre la droga del galpón y el cargamento que llegó en un vuelo privado a Viru Viru, un hecho que ya mantiene bajo la lupa a figuras políticas y empresariales.
La actual candidata Laura Rojas también ha sido arrastrada a este torbellino judicial tras ser citada a declarar por el Ministerio Público. La Fiscalía intenta determinar si los supuestos vínculos de Zeballos con el narcotráfico alcanzan esferas de influencia más altas, en un caso que amenaza con desmantelar una red de protección institucional nunca antes vista.
Finalmente, el silencio del juez Zeballos durante su declaración informativa solo ha alimentado el morbo y la indignación ciudadana. Mientras se cumple el plazo de su detención, el país observa con desconfianza un proceso donde la línea entre impartir justicia y presuntamente financiar el crimen parece haberse desdibujado por completo.
Bolivia asiste al final de un magistrado enviado a prisión por sus propios colegas, mientras el fantasma del narcotráfico se instala cómodamente en el despacho de un juez.
